El TSJC tampoco amnistía al expresidente Mas ni a las exconsejeras Ortega y Rigau
El tribunal rechaza la petición de fiscalía porque los tres exdirigentes independentistas ya han cumplido su inhabilitación por la consulta del 9-N
10 julio, 2024 13:07Noticias relacionadas
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado la aplicación de la Ley de amnistía al expresident de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleres de su Govern Joana Ortega e Irene Rigau. Ha informado de ello este miércoles, al asegurar que "ya no existían antecedentes penales pendientes de cancelación".
Los tres exdirigentes catalanes fueron juzgados y condenados por desobediencia por la celebración de la consulta del 9 de febrero de 2014. El tribunal inhabilitó a Mas hasta el febrero de 2020, por lo que ya cumplió su pena, igual que sucede con Ortega y Rigau, titulares de Educación y de Gobernación respectivamente.
Así pues, rechaza la amnistía a los tres altos cargos, para los que fiscalía solicitaba su aplicación. Tras los recursos de casación presentados, el Tribunal Supremo rebajó la pena para Mas a 13 meses de inhabilitación, para Ortega a 9 meses y para Rigau a 6.
Se le resiste la amnistía a Puigdemont
La aplicación de la amnistía en cada causa derivada del procés sigue su propio camino. El Tribunal Supremo ha archivado la investigación por terrorismo de Tsunami Democràtic por un error judicial, cosa que beneficia al expresidente Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y al diputado Ruben Wagensberg.
No obstante, el juez Pablo Llarena rechaza incluir la malversación en la Ley de amnistía, por lo que mantiene la orden nacional de detención para Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín por el referéndum del 1-O. Sí ha accedido a amnistiar la desobediencia.
Y mientras tanto, el magistrado Joaquín Aguirre, que instruye la causa Volhov desde la Audiencia de Barcelona, se ha negado también a perdonarle al expresidente la investigación por traición, malversación y organización criminal por supuestos vínculos con autoridades rusas. Y ha pedido al Supremo que asuma la causa.