Toque de la Audiencia Nacional al juez Aguirre respecto a la 'trama rusa' del 'procés'

El instructor del caso Tsunami Democràtic, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha respondido a la petición del instructor del caso Volhov, el juez Joaquín Aguirre, recordándole que la investigación sobre la presunta injerencia rusa en el procés independentista de Cataluña fue archivada hace ya cuatro años al no quedar sustentada. 

El pasado febrero Aguirre solicitó a su homólogo en la Audiencia Nacional que le entregase los informes policiales referentes a la presencia de espías rusos durante el proceso independentista. En una providencia, el instructor de Volhov pedía acceso a estos supuestos informes sobre los que dijo haber tenido conocimiento a través de “informaciones periodísticas”, por si pudiesen ser de utilidad para su investigación sobre la trama rusa del procés. 

El testigo protegido no pudo acreditarlo

Ahora, García-Castellón le recuerda que la causa que instruía el Juzgado Central de Instrucción 6 se archivó en julio de 2020 al no poder aportar el testigo protegido ningún tipo de documentación con la que se pudiese acreditar que existieron nexos entre el entorno del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los espías rusos con el objetivo de desestabilizar España.

La única información que aportó el testigo protegido fueron nombres de nacionales rusos y de empresarios y políticos catalanes que la Comisaría General de Información investigó, aunque sin poder acreditar ningún hecho delictivo.

No había indicios que sostuviesen la investigación

"Que sean perfiles de personas cercanas a las tesis independentistas no supone un hecho que pueda ser objeto de investigación, máxime cuando las actividades realizadas se hacen a la luz pública y a través de medios en modo alguno ilegales", concluyó en su día el instructor Alejandro Abascal, que archivó la causa al entender que no había ningún indicio que permitiese “mantener viva la investigación”. 

Aun así, la semana pasada, el juez Aguirre abrió una pieza separada para continuar investigando esta supuesta injerencia rusa en el procés, solicitando la imputación del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de otras once personas como presuntos autores de un delito de alta traición, que no queda amparado bajo el paraguas de la ley de amnistía.

Objetivo: investigar las conexiones rusas

El objetivo de la nueva pieza es "investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por estos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social".

El juez Aguirre sostiene que “para la política rusa, el procés era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia”.  

En el caso de que el proceso secesionista hubiese culminado con éxito, “Rusia habría contado con una puerta trasera para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas”.