Los cuatro fiscales del procés se niegan a acatar las órdenes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que pedía aplicar la ley de amnistía al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, para perdonarle todos los delitos, incluido el de malversación.
García Ortiz pidió amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, procesados por malversación y desobediencia-.
Sin embargo, los fiscales del procés (Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno) no son partidarios de perdonar el delito de malversación, por lo que este viernes se han ratificado en su informe y consideran que la orden del fiscal general del Estado no sólo es "improcedente", sino que es "contraria a las leyes". En base a ello, los fiscales han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, que se celebrará el próximo martes
"La orden es improcedente"
Para los fiscales, los argumentos expuestos por García Ortiz "son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida" por él relativa a amnistiar "los hechos constitutivos de malversación". "A nuestro juicio, la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas", reza el escrito al que ha tenido acceso Abc.
Los fiscales del procés sostienen que la actuación de los encausados no puede quedar amparada bajo la medida de gracia al entender que tuvieron ánimo de lucro y que afectaron a los intereses financieros de la UE, un supuesto que quedaría fuera porque así lo fija la misma ley de amnistía.