El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, los que participaron en el juicio del procés, que pidan al alto tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos que se atribuyen a los líderes independentistas, incluida la malversación.
A pesar del criterio de los fiscales que participaron en la vista oral, García Ortiz pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, procesados por malversación y desobediencia-.
La fiscalía se divide ante la amnistía
El fiscal jefe ha enviado un informe jurídico a la cúpula del ministerio público y ha convocado para el próximo martes una junta de fiscales de sala para fijar la posición de la fiscalía respecto de la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por el Supremo. Esta reunión responde a la petición que lanzaron por escrito los cuatro fiscales del procés (Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno), partidarios de no perdonar la malversación.
En su escrito, los cuatro representantes de la fiscalía del Supremo requirieron al fiscal general que, si no estaba de acuerdo con su criterio y consideraba que sí se debía aplicar la ley de amnistía, debería ordenarlo por escrito "de manera motivada y fundada".
Pide levantar también las medidas cautelares
Así las cosas, García Ortiz ha respondido por escrito confirmando que "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados". En concreto: de Puigdemont, Comín y Puig.
Por el contrario, los fiscales del procés, como ya adelantaron el pasado 30 de mayo en una reunión con García Ortiz, entienden que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley.
Sin embargo, el fiscal general ha decidido, finalmente, aplicar la norma de gracia a todos los condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación, incluso a los tres fugados que no llegaron a ser juzgados.
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