El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha defendido ante el Tribunal de Cuentas que "no se ha conseguido determinar la cuantía supuestamente desviada" de fondos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Govern, hechos por los que se le acusa a él y a otros 34 excargos de la Generalitat.
En su escrito de conclusiones, la defensa de Puigdemont reclama su absolución y que la sentencia desestime íntegramente las pretensiones de las demandas presentadas por la Fiscalía y Societat Civil Catalana.
"Imposible determinar la cuantía"
Según la defensa de Puigdemont, no existe ninguna resolución concreta, ni ningún escrito de las acusaciones, ni ninguna prueba de las practicadas que consiga "relacionar esas diversas cuantías entre sí para determinar el importe total del supuesto desvío, o su desglose por partidas": "Y por supuesto para relacionar dicho supuesto desvío con ninguna actuación de mi representado".
"Y es que es imposible determinar la cuantía de unos hechos que simplemente no existen, o no podían existir estando la Generalitat intervenida por el Ministerio de Hacienda, o si existieran sería en función de las competencias y el funcionamiento ordinario y legal de la Generalitat de Cataluña, sin que se haya demostrado tampoco que ninguna cantidad fuera desviada o destinada a la organización o promoción del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017", expone.
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Además, incide en que la Generalitat fue intervenida durante varios meses en su capacidad de gasto mediante controles frecuentes y examen periódico del Ministerio de Hacienda, "además de la posterior asunción directa del Ministerio de todo el presupuesto, ingresos y gastos de la Generalitat", por lo que "era imposible en ese momento hacer gastos con cargo a la Generalitat sin que el Ministerio de Hacienda o la Intervención General estuvieran enterados".
Censura ser juzgado dos veces por lo mismo
Y como ha hecho a lo largo del proceso, el expresidente catalán reitera que goza de "inmunidad" por su condición de eurodiputado y que la misma "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas".
El líder de Junts considera también que hay una vulneración del derecho fundamental al 'non bis in idem' --la imposibilidad de juzgar a una persona dos veces por lo mismo-- relacionado con una duplicidad de instancias judiciales.
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Apunta, en este sentido, a que hay abiertos dos procesos en su contra: por un lado, el del Tribunal de Cuentas y, por otro, el penal ante el Tribunal Supremo. "Con idéntico objeto", lo que "vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, y el principio de seguridad jurídica y, entre todos, el derecho a un proceso justo", argumenta.
Fiscalía pide 3,1 millones de euros
Cabe recordar que la Fiscalía pide casi 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria para los 35 encausados al considerar que causaron un "menoscabo" a la Administración "real y efectivo". Por su parte, Societat Civil Catalana solicita que tengan que pagar 5 millones de euros.
Entre los 35 encausados se encuentran, además de Puigdemont, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que ya fue condenado por el propio tribunal a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
También figuran en la lista exconsellers condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsellers residentes en el extranjero como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).