El juez instructor ha rechazado la petición de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, de que se le archive la causa por el supuesto uso del software Pegasus en el pasado en el móvil del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), porque insiste en aclarar si esa presunta vigilancia contó siempre con el aval del Tribunal Supremo.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha dictado un auto en el que desestima la petición planteada por la Abogacía del Estado, que representa a Esteban, para que se la exculpe del llamado "caso Pegasus" aduciendo que no hubo delito en su actuación.
Información protegida
Esteban declaró como investigada el pasado enero por el supuesto espionaje a Aragonès, en una comparecencia en la que no aportó datos sobre el presunto ataque con Pegasus al móvil del mandatario secesionista, más allá de los autos del Supremo que avalaron el uso del software, argumentando que afecta a información protegida por secretos oficiales.
De acuerdo con esos autos, que el Gobierno remitió al juez con fragmentos suprimidos alegando que contienen información reservada, el juez del Supremo encargado del control del CNI avaló el supuesto espionaje del móvil de Aragonès en julio de 2019 -con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020-, después de que los servicios secretos adujeran que el mandatario de ERC coordinaba las acciones de los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR).
Más diligencias
Para el juez, sería prematuro archivar ahora la causa abierta a la exdirectora del CNI -quien dimitió del cargo a raíz de la polémica por el presunto espionaje a dirigentes secesionistas en los años álgidos del procés-, puesto que aún deberían practicarse diligencias para aclarar una cuestión clave: si los supuestos ataques al móvil de Aragonès con Pegasus contaron en todo momento con el aval del Supremo.
En su querella inicial, que también dirige contra el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba tres supuestos ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno-, que fueron difundidos en un controvertido estudio del laboratorio canadiense Citizen Lab, cuya credibilidad ha sido cuestionada por falta de rigor académico.
Una pericial informática posterior que Aragonès aportó al juzgado concluye que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en el que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.
Análisis independiente
En consecuencia, el magistrado se plantea encargar un análisis forense independiente del móvil de Aragonès que determine las fechas en que supuestamente estuvo infectado con Pegasus, examen que podrían efectuar los Mossos d'Esquadra de la Generalitat que él mismo preside, y que en el pasado confirmó un supuesto espionaje del teléfono de los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba, investigado en otro juzgado de Barcelona.
En paralelo, el juez instructor ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si debe prorrogar por otros seis meses la investigación abierta a raíz de la querella de Aragonès, como exige la ley una vez transcurrido medio año de instrucción.
Le pide que entregue el móvil, y su defensa se resiste
Mientras la Abogacía del Estado le ha pedido que archive ya la causa, la Fiscalía de Delitos Informáticos apoya que se siga investigando, con la práctica de nuevas diligencias que permitan aclarar el alcance de esa presunta vigilancia.
Entre esas diligencias, el fiscal insiste en la necesidad de que Aragonès entregue su teléfono móvil para que una pericial informática independiente determine si fue atacado y en qué fechas, pero la defensa de Aragonès se ha resistido hasta el momento a facilitar el dispositivo.