"Votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y sólo es cuestión de voluntad política, como la amnistía". Con estas palabras ha informado el president, Pere Aragonès, de las conclusiones del estudio elaborado por el Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) sobre la viabilidad de un referéndum pactado con el Gobierno, en el marco de la Constitución Española.
Aragonès se ha reunido en la mañana de este martes con Joan Ridao, director del IEA, antes de encabezar el encuentro semanal del Consell Executiu en el Palau de la Generalitat. Y, tras ello, ha comparecido ante los medios para detallar la pregunta de respuesta binaria (sí o no) que deberían responder los catalanes en el enésimo referéndum que se reivindica. En esta ocasión, legal y circunscrito estrictamente al territorio catalán: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?".
Portazo de Madrid
El informe también recoge las condiciones en las que podría llegar a plantearse. En todo caso, el Gobierno ha salido ya al paso y ha descartado consulta alguna. "En absoluto está en la hoja de ruta" y "en absoluto es la posición" del Ejecutivo ni de la mayoría de los catalanes, ha manifestado la ministra portavoz, Pilar Alegría.
Se trata de portazo total a las aspiraciones de ERC, que la socialista ha circunscrito a la necesidad de los republicanos de marcar perfil propio en plena precampaña para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.
Artículo 92 de la Constitución
La propuesta de referéndum no incluye una participación ciudadana mínima para la validación de sus resultados y se ampara en el artículo 92 de la Constitución, que indica que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos" y que dicha votación será convocada "por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".
Aragonès ha asegurado que este referéndum "ofrecería a todas las partes implicadas un mandato claro para resolver el conflicto entre el Estado español y Cataluña".
Una fórmula aceptada
Dado que "una inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña acepta esta fórmula" de referéndum pactado entre las partes "como la más válida para resolver el conflicto político", es necesario "darle forma". En el último barómetro del CEO, la Generalitat republicana recuperó una pregunta que hacía referencia al derecho a decidir, el mantra que se reivindicó en el inicio del procés.
El president ha definido este "acuerdo entre las partes" como el "elemento esencial" de la votación que propone. Un consenso que ya existe en un "80%" de la sociedad catalana, una opinión que "aglutina votantes de todas las formaciones políticas que están de acuerdo con que la ciudadanía de Cataluña vote sobre la independencia del país".
"La vía catalana"
El informe que le ha entregado Joan Ridao es "riguroso" basado en el "análisis exhaustivo de los antecedentes" y los marcos jurídicos vigentes, así como otros casos internacionales, especialmente los referéndums de independencia de Escocia y Québec. Pese a los referentes exteriores, Aragonès ha insistido en "una vía propia, la vía catalana".
Además, ha sugerido que, durante esta legislatura, el Govern de la Generalitat ha tenido como prioridad "dar continuidad a la voluntad que la ciudadanía ha expresado en los últimos años, de ejercer la soberanía como nación y como pueblo".
En ese sentido, ha hecho referencia a las movilizaciones de los últimos 15 años y a "la declaración de soberanía del Parlament de Cataluña del 2013, la consulta del 9 de noviembre del 2014 o el referéndum del 1 de octubre del 2017", tres fechas que el líder de Esquerra considera que demuestran "la voluntad de ser de Cataluña".
Denuncia del PP ante la Junta Electoral
La comparecencia del president de la Generalitat había sido denunciada ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona por el Partido Popular de Cataluña, por considerarla contraria a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que le había pedido al organismo que requiriera a Aragonès que se abstuviera de realizar la presentación.
En el escrito, el PP, que este fin de semana ya denunció el "partidismo" del Govern en las redes, ha advertido de que, "nuevamente, el president de la Generalitat aprovechará la comparecencia pública ante los medios de comunicación para prevalerse del cargo institucional al presentar un informe elaborado por un organismo público que comparte el programa y sus planteamientos políticos, haciendo para ello uso de las instituciones".