Las discrepancias políticas sobre un macrocomplejo de ocio y turístico, el Hard Rock Entertainment World de Vila-seca y Salou (Tarragona), ha sido la clave del rechazo a los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña y la consiguiente convocatoria de Elecciones en Cataluña 2024. A diferencia del año pasado, cuando ERC sacó adelante sus cuentas gracias al apoyo del PSC y de En Comú Podem, en este 2024 la formación morada se ha descolgado para evitar que avance un proyecto cuyos dirigentes tildan de “tóxico” y “desarrollista”.
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El Govern no ha aceptado la exigencia de los comuns de dar marcha atrás y desestimar la construcción del Hard Rock. Un macrocomplejo a favor del cual estaba, además de ERC, el PSC. Su argumento es que no se puede frenar la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU) que regulará los terrenos en los que se instalaría esta iniciativa privada. El Ejecutivo catalán, además, esgrime que las cuentas no preveían ninguna partida económica para tal fin.
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Los comunes habían apoyado anteriores presupuestos catalanes con el proyecto ya en marcha, pero ahora se han negado a hacerlo al ver más próxima la aprobación de ese PDU, y porque en el actual contexto de grave sequía en Cataluña lo consideran aún más insostenible e inviable.
Esta es la ‘herencia’ de Barcelona World
El actual Hard Rock tiene su germen en hace más de una década, cuando se presentó en 2012 el llamado BCN World: un macrocomplejo de ocio y de juego en la comarca del Camp de Tarragona cuya previsión era que se acabara en 2016.
Pero eso no ocurrió. Desde entonces, el plan ha acumulado retrasos, modificaciones, reveses judiciales y rechazo social y político en la región.
Rechazo del TSJC en 2016
Ya en el acuerdo de los presupuestos de 2023, Aragonés se comprometió con el PSC a aprobar el PDU durante la primera mitad de ese ejercicio. Pero eso no se ha producido, pues permanece a la espera de la luz verde de un informe de la conselleria de Acción Climática de la Generalitat.
Ese trámite continúa resistiéndose, pues en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya declaró nulo un primer PDU al considerar que una parte de los espacios libres y de equipamientos se situaban en zona de riesgo químico. Ahora está en marcha la reformulación del PDU con base en lo dictaminado por el TSJC.
Hoteles y casino
Ya en 2018, la Generalitat concedió al grupo Hard Rock la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo. Según los planes comunicados por la compañía en ese momento, el proyecto incluye la construcción de hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas.
Todo ello, después una inversión inicial de unos 700 millones de euros, que podrían llegar hasta los 2.000 millones.
Eurovegas, el origen de todo
Pero la idea de erigir en esa zona de campos un proyecto turístico y de juego se remonta a hace un par de décadas, cuando se presentó el célebre Eurovegas del magnate norteamericano Sheldon Adelson, sin que al final llegara a cuajar la idea. Con el paso de los años, el Govern catalán anunció que daría paso a un macrocomplejo de ocio y turismo con seis casinos y otros tantos hoteles de la mano del grupo inversor Veremonte, de Enrique Bañuelos.
Tiempo después, la idea fue mutando. En 2014, tras un acuerdo entre el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), y el exlíder del PSC, Pere Navarro, el Parlament redujo la carga fiscal a los casinos al 10 %. La fecha de apertura prevista para el proyecto, bautizado como BCN World, era 2016.
Pero, después de constituirse el Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou (CRT), la iniciativa sufrió un importante contratiempo al descolgarse Veremonte.
El PDU se aprobó un 2016, con una rebaja del 25% de los terrenos urbanizables y la reducción de hasta siete veces el espacio destinado a casinos. En 2018, la Generalitat otorgó al grupo Hard Rock la autorización de un plan, por tanto, menos extenso.
Terrenos cercanos a Port Aventura
Si, ahora, ese PDU prosperara, el siguiente paso sería la firma del contrato de compraventa por un mínimo de 120 millones de euros por unos terrenos muy cercanos a las atracciones de PortAventura.
El comprador sería la sociedad BCN IR 3, cuyo representante legal es James F. Allen. Un empresario que aparece en los paradise papers, la investigación periodística que hizo pública una red de evasión fiscal.
Los terrenos son propiedad de Mediterranea Beach & Golf Community, una filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, aunque formalmente se adquirirían a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que compraría y vendería esas tierras en un mismo acto, en una compleja operación financiera.