El Parlamento Europeo ha considerado este lunes "inadmisible" la solicitud de amparo de inmunidad que la eurodiputada de Junts per Catalunya (JxCat) Clara Ponsatí solicitó cuando fue detenida al regresar a España en marzo de 2023, al determinar que la había pedido por los mismos hechos por los que ya se le había levantado antes esa misma inmunidad parlamentaria.



En un breve anuncio al comienzo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la presidenta de la institución, Roberta Metsola, ha comunicado al hemiciclo el cierre de esta solicitud, que se ha tramitado -como todos los procesos de este tipo- a puerta cerrada en la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara presidida por el eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Adrián Vázquez.



Tras examinar el caso por el que Ponsatí pedía que se amparara su inmunidad -una petición que no tiene consecuencias legales-, la comisión parlamentaria cerró la solicitud, por considerar que se refería a los mismos hechos por los que la Eurocámara aprobó el suplicatorio contra Ponsatí, un supuesto que recogen las reglas internas de la Eurocámara en su artículo 7.3.

Encausada sólo por desobediencia en el 'procés'

Ponsatí decidió regresar a España en marzo de 2023 después de cinco años reclamada por la justicia española, una vez que el Tribunal Supremo le retiró la acusación de sedición y mantuvo sólo la de desobediencia, después las reformas del Código Penal que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez a la medida de sus socios parlamentarios secesionistas.



El abogado Gonzalo Boye citó este procedimiento de amparo de inmunidad como justificación para que la eurodiputada no acudiera un mes después de su detención a comparecer ante el Supremo; a su juicio, este proceso obligaba al juez Pablo Llarena a "suspender el procedimiento judicial" y, por tanto, "dejar sin efecto la citación prevista" a la que no acudió Ponsatí.



Llarena concluyó el pasado julio el sumario respecto de Ponsatí al estimar que existen indicios suficientes para que sea juzgada por un delito de desobediencia, que no conlleva penas de prisión, sólo de inhabilitación para cargo público.



En septiembre, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que abra juicio oral contra Ponsatí por un delito de desobediencia grave.

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