Las autoridades suizas cuestionan la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el caso Tsunami Democràtic.
Después de que el fiscal, Miguel Ángel Carballo, arremetiera duramente contra el juez por impulsar una imputación por terrorismo a los investigados, entre ellos al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, ahora la Oficina Federal de Justicia Suiza ha suspendido la comisión rogatoria contra esta última. Suiza no sólo da carpetazo al asunto, sino que afea al juez que vuelva a solicitar una información que ya pidió en 2020 y que le fue denegada.
Un tuit y un usuario
Las autoridades helvéticas, según han avanzado El País y la SER, se han negado a informar sobre el paradero de la republicana, así como a aportar detalles sobre los movimientos de sus cuentas bancarias, argumentando que García-Castellón no ha presentado indicios de la “implicación precisa” de Rovira en Tsunami Democràtic. “No está clara la pertenencia” de la exsecretaria de ERC a la plataforma, sostienen. Además, le preguntan por qué pide asistencia judicial para dar con su paradero, pudiendo recurrir a la cooperación policial.
El juez de la Audiencia Nacional se basa, para intentar apuntalar la acusación contra Rovira, en que fue “la persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami”. El juez, apoyándose en un informe de la Guardia Civil, pone en dura que sólo tardara tres minutos en leer el tuit de la plataforma, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo. “Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic", se sugiere.
La condición para aportar información
Asimismo, el magistrado sostiene que Rovira se escondió tras el usuario Matagalls en una red de mensajería instantánea y que 11 días antes del asalto de Tsunami al aeropuerto de Barcelona, bajo este alias, manifestó que estaba “reclutando gente” para la causa.
Por todo ello, Suiza se dirige a García-Castellón y manifiesta dudas sobre la proporcionalidad de la investigación. Así las cosas, aprecia que los delitos tienen un carácter político y se niega a aportar la información solicitada en la comisión rogatoria.
Sólo lo harían, matizan las autoridades, si el juez pudiese demostrar que, efectivamente, la plataforma separatista hubiese “puesto en peligro o amenazado con poner en peligro la vida o integridad de las personas”, una situación que no se cumplió.