La Comisión de Ética Judicial ha avalado que los jueces puedan asistir, si así lo desean, a concentraciones convocadas ante las sedes judiciales “para mostrar su rechazo frente a un concreto acuerdo político de investidura y frente a la proposición de ley de amnistía”. En un comunicado, consideran que la asistencia a este tipo de actos se ajusta a los principios de ética judicial.
Sin embargo, apuntan una condición: que exista en el juez un “honesto, meditado y sincero convencimiento de que la actuación objeto de repulsa pueda afectar al Estado de Derecho”. Es decir, que los jueces estén convencidos de que la amnistía que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez está negociando con los partidos independentistas es inconstitucional.
Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno
Derecho de manifestación
Esta decisión se ha tomado en relación a las concentraciones silenciosas de jueces -algunos con toga- que tuvieron lugar el pasado noviembre ante las sedes judiciales y que, a su parecer, “no afectan a los principios éticos relacionados con la independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que estén sometidos los miembros de la Carrera Judicial”.
Y es que, según el documento, los profesionales tienen el derecho de manifestación, si bien advierte de que su ejercicio “se ve limitado o afectado” por las especiales exigencias que se derivan de la función jurisdiccional. “Estas exigencias, que no rigen para el resto de ciudadanos, suponen para los integrantes del Poder Judicial un deber de mantener, dentro y fuera del tribunal”, ya que contribuye a la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Independencia, imparcialidad e integridad
En este sentido, la Comisión de Ética Judicial añade que será cada juez quien deberá valorar su conducta y adecuarla a los principios éticos. “En este análisis, cada uno debe tener en cuenta que la naturaleza bifronte del juez le obliga a actuar y a ejercer los derechos de los que goza como cualquier otro ciudadano siempre con prudencia y moderación y sin poner en entredicho los principios de independencia, imparcialidad e integridad”.
Concentración de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia en defensa de la independencia judicial
Para el organismo, el actual contexto político marcado por las negociaciones del PSOE con los independentistas genera un “dilema ético de alta densidad” al situar de un lado “el deber de neutralidad política y el compromiso activo de los jueces con el mantenimiento de la confianza pública en la independencia e imparcialidad” y, de otro, “la obligación de defender activamente los principios rectores del Estado de Derecho si se encuentran amenazados”.
Es ahí, aseguran, cuando entra en juego el principio ético número 21 que desempata: “Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia”.