El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay Rodríguez, no será juzgado por malversación y prevaricación hasta los días 26 y 27 de septiembre del ejercicio en curso. Así lo ha decidido la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en un auto divulgado esta misma mañana.
La reprogramación del juicio coincide con un momento de salud delicada para Alay. La mano derecha del expresidente de la Generalitat huida de la justicia sufrió un ictus la semana pasada del que aún se recupera.
Fue el propio Puigdemont el que detalló que su amigo -le acompañaba en el coche cuando fue detenido en marzo de 2018 en Alemania- padeció una “hemorragia cerebral” a raíz de un “aneurisma que tuvo lugar la semana pasada”. Añadió que la rápida atención médica que recibió evitó que el mal fuera a más, pero la enfermedad dejó consecuencias.
Falta de espacio en los tribunales de Barcelona
Alay ha iniciado el lento camino de la recuperación y, tal y como señalan fuentes sanitarias, este tipo de dolencias no son compatibles con hacer frente a sus responsabilidades ante los tribunales. Con todo, no ha sido esta la causa que ha propiciado una prórroga de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona.
La vista que se tenía que celebrar en breve coincide con “otro juicio sumario contra la libertad sexual suspendido en dos ocasiones con víctima con discapacidad”, indica la diligencia de ordenación publicada. La falta de espacio en los tribunales de Barcelona para celebrar la vista ha forzado la reprogramación anunciada.
Referéndum de independencia de Nueva Caledonia
Josep Lluís Alay tiene varias causas pendientes con la justicia, ya que, entre otras, se le considera una de las piezas clave de la conexión rusa del independentismo catalán. La vista que se celebrará en septiembre parte de un escrito que la Fiscalía en que se señalaban indicios de que tanto los traslados del secesionista a la cárcel de Lledoners para ver a los líderes del procés entonces encarcelados allí como el viaje que hizo a Nueva Caledonia en 2018 para ejercer de “observador del referéndum de autodeterminación del Estado francés” fue pagada con fondos públicos.
El director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay (i), y el abogado Gonzalo Boye (d)
Se le acusa de malversación y prevaricación, ya que el Ministerio Público asegura que los fines de estas visitas no están relacionados con el trabajo que se realiza desde cualquier oficina de un expresidente catalán. Alay está defendido también en este procedimiento por el despacho de Gonzalo Boye, el letrado que se ocupa de la defensa de Puigdemont.