Las denuncias de acoso en Junts no han hecho más que acrecentar la guerra interna entre el sector pragmático y el radical, liderado por Laura Borràs. Sus críticos, entre los que se encuentran la presidenta del Parlament, Anna Erra, intentó maniobrar desde la Mesa para suspender el protocolo para la prevención, detección, abordaje y resoluciones de situaciones de acoso dentro de la institución.
Pero los servicios jurídicos de la Cámara han echado por tierra esta ocurrencia, ya que recomiendan mantener el reglamento mientras lo revisan para "garantizar la máxima seguridad jurídica".
La presidenta del Parlament, Anna Erra
Casol y Madaula
Cabe recordar que la revisión de este protocolo se ha planteado tras las denuncias de Cristina Casol -ya exdiputada de Junts, al ser expulsada del grupo parlamentario- y la secretaria cuarta de la Mesa y vicepresidenta de la formación, Aurora Madaula. Lo deberá abordar la Oficina de Igualdad, que lo trasladará al Grupo de trabajo de Equidad de género para, después, remitirlo de nuevo a la Mesa.
El actual reglamento contiene un régimen sancionador, pero "hay dudas jurídicas sobre su aplicabilidad" ya que no tiene rango de ley, algo que podría cambiar con la revisión del mismo.
Junts pierde dinero de subvención
Precisamente este martes, la Junta de Portavoces ha decidido reubicar el escaño de la ex neoconvergente junto al del también diputado no adscrito Antonio Gallego, que había pertenecido al grupo de Vox.
El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
Casol formará parte de la comisión parlamentaria de Territorio y tendrá derecho a contratar a un asesor o a que el Parlament lo contrate. Pero esta expulsión tendrá un coste para Junts, que perderá unos 21.000 euros anuales de subvención por tener un representante menos, de acuerdo con la fórmula matemática que asigna recursos de la Cámara en función del número de diputados que tiene cada grupo.