Junts recrudece su guerra contra Madaula y Casol. La dirección neoconvergente ha planteado emprender medidas legales ante las "difamaciones y filtraciones" que ha habido a raíz de los casos de presunto acoso por razón de género en la formación hechos públicos por las diputadas Aurora Madaula, secretaria segunda de la Mesa del Parlament, y Cristina Casol, número dos por Lleida.
Albert Batet, presidente del grupo en el Parlament, así lo ha explicado a los diputados tras la reunión de la permanente esta semana, donde se ha abordado la cuestión. Esta se interpreta como un intento por lavar la imagen de la formación tras los dos escándalos, que han derivado en sendas investigaciones, una de las cuales no deja en buen lugar al partido del expresidente Carles Puigdemont, aunque también desinfla las acusaciones, cabe decir.
Batet critica las conclusiones de la investigación sobre Casol
Diversas fuentes conocedoras de lo comentado en las reuniones del pasado martes han explicado a Europa Press que la formación ha pedido activar dichas medidas legales "ante esta ruptura de la confidencialidad, ante estas difamaciones y ante estas filtraciones" que se han producido de los casos y que, en su opinión, tienen efectos nocivos.
Además, el presidente del grupo parlamentario cargó contra las "difamaciones" que considera que contiene el informe y que, a su juicio, perjudican la imagen del partido. Asimismo, explicó que, a partir de ahora, grabarán las reuniones del grupo parlamentario "para que no se pueda tergiversar" el contenido de lo que se habla y para que quede constancia de cuál es la dinámica de debate en el seno del grupo.
Cerco a las dos denunciantes
Desde la dirección del partido siempre ha negado que haya machismo en Junts y atribuyen la situación a una cuestión de "debate político". Diversas territoriales de la formación, como la de Tarragona con Quim Calatayud y Josep Maria Cruset al frente, están sopesando impulsar un manifiesto de apoyo al grupo parlamentario, han explicado otras fuentes a Europa Press.
Y en paralelo a todo ello, la presidenta del Parlament, Anna Erra, propuso, en la reunión del martes de la Mesa, dejar en suspenso el protocolo para la prevención, detección, abordaje y resoluciones de situaciones de acoso de la Cámara al que se han acogido Madaula y Casol para tratar sus casos.
La propuesta recibió la oposición frontal del resto de presentes en la reunión de la Mesa del Parlament, en este caso de PSC-Units, ERC y la CUP, por lo que decayó. Pese a todo, los comunes han pedido celebrar una Mesa ampliada para tratar la cuestión, sobre la que el equipo de la presidenta del Parlament no ha querido pronunciarse hasta ahora.
La investigación desinfla las acusaciones de Casol, pero habla de "machismo cultural"
Madaula y Casol, afines a la presidenta de Junts, Laura Borràs, presentaron ante la Oficina de Igualdad del Parlament, y en diferentes momentos, una denuncia contra el grupo de Junts por presunto acoso, que delegó la investigación en una empresa externa.
Dicha empresa externa aún no ha resuelto el caso de Madaula, pero sí el de Casol con un informe que concluyó que, en la mayoría de las diez situaciones denunciadas por ella, no se había podido acreditar situaciones de acoso o discriminación pero sí describía un ambiente de trabajo en el grupo "dónde el machismo más cultural está arraigado".
También recoge que se viven situaciones de tensión interna en la formación y que hay "una base fuertemente patriarcal", entre otros aspectos.
El pulso con Casol no cesa
Casol, a quien el partido ha advertido de que la expulsarán del grupo si no entrega su acta de diputada, ya ha trasladado a Batet y al secretario general de Junts, Jordi Turull, que no lo hará ni pasará a ser diputada no adscrita.
Tras archivarse su causa en el Parlament, 26 de los 32 diputados de Junts dirigieron una carta a la cúpula del partido para pedir la dimisión de Casol, y que Borràs y Turull intentaran una mediación y hablar con ella.
Madaula sigue de baja
El caso de Madaula, que sigue de baja médica, también generó un malestar generalizado en el grupo después de que, en el 'Parlament de les Dones' que se celebró en noviembre del año pasado, manifestara que había sufrido "violencias silenciosas" de compañeros.
La misma Erra se reunió con ella y le instó a reflexionar sobre su continuidad como secretaria segunda de la Mesa, y 22 de los 32 diputados de Junts también firmaron un texto en su contra que presentaron a la Comisión de Garantías.
El punto de inflexión en los desencuentros
Los desencuentros y las diferencias arrancan desde el inicio de la legislatura entre las dos facciones de Junts (los partidarios de Borràs y los de Turull). Pero el punto de inflexión se produce en la votación de principios de octubre en el Parlament de una iniciativa popular que proponía declarar el Mercat del Ocells de la Rambla de Barcelona como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Catalunya.
En esta votación, en la que el Parlament tumbó la propuesta, cinco diputados de Junts rompieron la disciplina de voto: tres no participaron (Madaula, Joan Canadell y Francesc de Dalmases) y dos lo hicieron en contra (Casol y Jaume Alonso-Cuevillas).
Tras ello, Batet mantuvo una tensa reunión con ellos, les reprochó su actitud y se acentuó la tensión hasta la actualidad, que ha acabado derivando en la situación que el partido tiene sobre la mesa con los casos abiertos de Casol y Madaula, siempre según las mismas fuentes.