El Gobierno y la Generalitat intentarán acelerar esta semana las gestiones para ceder las competencias de la red de Cercanías de Renfe en Cataluña (Rodalies) al Ejecutivo secesionista.

El ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), y la consellera de Territorio, Ester Capella (ERC), se reunirán este miércoles por la tarde en Madrid para intentar avanzar en el traspaso a la Generalitat de esta infraestructura ferroviaria estatal.

La reunión está fijada para este miércoles por la tarde y, aunque el orden del día todavía no está cerrado, el Govern aspira a avanzar en el calendario, según han explicado a EFE fuentes de la Generalitat.

El pasado 21 de diciembre los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Ejecutivo autonómico, Pere Aragonès, pactaron durante su reunión en la sede de la Generalitat en Barcelona que a partir de este enero se desarrollaría el acuerdo y el calendario para traspasar Rodalies. Esa fue, de hecho, una de las condiciones que los partidos secesionistas -ERC y Junts- plantearon al PSOE a cambio de dar su apoyo a la investidura de Sánchez, junto a otras cesiones como por ejemplo la ley de amnistía para los encausados del procés.

Nueva empresa

Sánchez y Aragonès reconocieron en aquella ocasión que dicho traspaso es "complejo" y que su concreción requiere mucha "colaboración" y trabajo técnico, aunque ambas partes están "plenamente comprometidas" con ello.

De hecho, el presidente de la Generalitat ya anunció entonces que este enero se produciría una reunión para fijar calendarios de traspaso y de constitución de la nueva empresa que operará el servicio, en la cual el Govern catalán estará al mando.

Coste de 600 millones para empezar

Asimismo, explicó que en el primer trimestre se debe constituir la comisión Generalitat-Gobierno para el traspaso de la infraestructura ferroviaria, y que los presupuestos del Estado incluirán una dotación presupuestaria para hacerlo efectivo con 600 millones de euros iniciales.

Asimismo, la Generalitat también aspira a lograr acuerdos concretos en otros asuntos como las llamadas encomiendas de gestión de varias infraestructuras: es decir, la fórmula mediante la cual el Ejecutivo central financia unas obras que ejecuta la Generalitat.

Cuarto cinturón del Vallès

En julio, el Govern y el ministerio de Transportes también acordaron un protocolo para construir la Ronda Norte del Vallès -el llamado Cuarto cinturón- y otro para que el Estado transfiriera 914 millones en encomiendas de gestión.

En esta línea, el pasado 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó diversas medidas para desencallar el convenio sobre esa Ronda Norte, una de las cuestiones pactadas entre PSC y ERC en el marco de los presupuestos de la Generalitat de 2023.

Esos acuerdos -dos disposiciones adicionales que se incluyeron en el último decreto anticrisis- permitirán que, tras la firma de dicho convenio, el ministerio será el que apruebe los estudios y proyectos y recibirá las obras, y la Generalitat la que licite los contratos de los proyectos y su ejecución.

Asimismo, el Govern considera que las medidas incluidas en el decreto deben ser ahora también de aplicación a los casos de la AP-2, la AP-7 y la N-260.

El jueves, reunión con la ministra Rodríguez

Por otra parte, Capella también prevé reunirse el jueves en Madrid con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE).

En este caso, la Generalitat exige la aplicación inmediata de la nueva ley estatal de vivienda.

El pasado 22 de agosto, el Ejecutivo catalán envió al Ministerio de Transportes la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Unas áreas en las que, si se recibe la luz verde de la Administración central, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años.

El pasado 21 de noviembre, Capella pidió por carta a ambos ministros, Óscar Puente e Isabel Rodríguez, fijar "lo antes posible" sendas reuniones de trabajo, unos contactos que se concretarán esta semana.

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