El Gobierno desencalla definitivamente el convenio sobre la B-40 o Cuarto Cinturón y cede su construcción a la Generalitat, siendo esta una cuestión pactada entre el PSC y ERC fundamental para la comprometida legislatura catalana, que mira hacia los Presupuestos de 2024 necesitada de consensos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez da cumplimiento así al acuerdo entre el líder de la oposición Salvador Illa y el president Pere Aragonès, al incluir dos disposiciones adicionales –la décima y la undécima, publicadas este jueves en el BOE– en el último decreto anticrisis aprobado en Consejo de Ministros de esta semana.
El Gobierno cede, la Generalitat hace el resto
Este sistema colaborativo reparte las tareas entre Gobierno y Generalitat en la construcción de la nueva vía a su paso por Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès; también en la implantación del carril bus de entrada a Barcelona por la B-23.
El Ministerio de Transportes será el que apruebe los estudios y proyectos antes de cederlos a la Generalitat, que licitará, contratará, efectuará el seguimiento y supervisará tanto las obras como las asistencias técnicas.
Un tramo de la B-40, el llamado Cuarto Cinturón que todavía continúa en construcción
En dichos convenios, asegura el decreto, la Generalitat también podrá encargar los estudios y proyectos necesarios para las actuaciones, e incluso "llevar a cabo las expropiaciones necesarias para ejecutar dichas obras".
Desembolso anticipado a favor del Govern, que ya mira a otras carreteras
Asimismo, el nuevo mecanismo permite al Estado transferir a la Generalitat "el desembolso anticipado de las aportaciones hasta los límites determinados por las normas de aplicación y sin que sea necesario prestar la garantía que legalmente fuera exigible".
La AP-7, durante la operación salida del puente de diciembre
Ahora, Transportes apunta que se continuará trabajando en los textos de convenio pendientes para poder proceder a su posterior firma, mientras fuentes del Govern dicen aún no haber recibido la propuesta y confían en que las medidas incluidas en el decreto puedan aplicarse en la AP-2, la AP-7 y la N-260.
"Urgente e inaplazable" para cumplir los Presupuestos del Estado
El Gobierno justifica estas dos disposiciones adicionales por su carácter de "inaplazables", y habla de "carencias normativas" sobre determinadas infraestructuras viarias y ferroviarias en Cataluña. Aunque más allá de aspectos técnicos y de financiación, a nadie se le escapa que el clima político, con unas elecciones municipales y otras al Congreso, también ha llevado a los partidos a dilatar los plazos de forma interesada.
No obstante, el Ejecutivo socialista asegura que es "urgente" corregir las "limitaciones" y extender este modelo de colaboración entre el Estado y la Generalitat a otras infraestructuras para cumplir con los Presupuestos del Estado de 2023.