La ultra Plataforma per la Llengua contamina el nombre de la ONU en su batalla contra el castellano

Plataforma per la Llengua, la misma entidad que espía a los niños en el recreo para saber en qué idioma hablan –entre otras actitudes en supuesta defensa del catalán–, contamina ahora el nombre de la ONU en su batalla a favor de la inmersión lingüística y, por ende, en contra del castellano.

La autodenominada ONG del catalán, que pregona que esta lengua está en peligro, aunque, en paralelo, presume de que nunca ha tenido tantos hablantes, ha compartido ahora la respuesta del relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías al ser requerido por las resoluciones judiciales españolas que fijan el bilingüismo en la enseñanza en Cataluña.

El relator no es la ONU

Antes de nada, cabe aclarar que el relator no es la ONU, ni cobra por ello. Su cometido es el de recibir información de Estados, órganos, organizaciones y otras entidades y, en tal caso, remitirles comunicaciones relativas a la aplicación de la Declaración sobre los Derechos Humanos de las Minorías. También debe presentar informes anuales y puede visitar países a invitación de los Gobiernos. Pero, de nuevo, no es la ONU ni tiene capacidad de decisión.

Plataforma per la Llengua lo sabe, pero asegura que “la ONU muestra preocupación por la situación del catalán en la escuela y pide revisar las sentencias del TSJC en contra de la inmersión”.

Secuencia de hechos

Dicho esto, en su respuesta, el relator Fernand de Varennes (ahora sustituido por Nicolas Levrat) resume en un primer lugar la evolución de la inmersión lingüística, desde la llamada Ley de Normalización Lingüística (Ley 7/1983) hasta las sentencias de los tribunales que fijan en un 25% las asignaturas mínimas que han de impartirse en castellano en las escuelas catalanas y las posteriores trampas del Govern para evitarlas –De Varennes no dice nada de los subterfugios de la Generalitat para eludir las sentencias–.

Tras la exposición, asegura que, sin ánimo de “prejuzgar la veracidad de estas alegaciones”, se muestra preocupado, pues todo lo que le trasladan Plataforma per la Llengua y otras entidades puede “suponer una grave tendencia para el grupo lingüístico minoritario catalán al limitar la educación en lengua catalana”. Asimismo, asume como propio el relato de las ultras del catalán y considera que la enseñanza bilingüe –dentro de un territorio donde tanto el catalán como el castellano son oficiales– puede ser perjudicial para la lengua catalana. Y añade que, según él, la inmersión monolingüe es exitosa y garantiza el dominio de ambos idiomas, en tanto que el español “es de uso cotidiano” y su exposición está garantizada.

Carta al TSJC

Por todo ello, el relator pidió al Gobierno, entre otros puntos, que aclarase si las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) son compatibles con la legislación nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ejecutivo. Pero, transcurridos 60 días –con las negociaciones por la investidura de por medio–, no obtuvo respuesta.

“A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona (s) mencionada(s)”, concluye su carta.