El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, a su llegada a la reunión del Govern sobre el informe
El Govern destina un millón de euros a la oficina de la Renta Básica que el Parlament ordenó cerrar
- La CUP forzó a ERC a crear un área para desarrollar una prueba que la Cámara ha tumbado en varias ocasiones, al considerarla inviable económicamente
- Aun así, la Consejería de Presidencia mantiene el proyecto con un director que cobra 83.141.076 euros anuales
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El Plan Piloto de la Renta Básica Universal (RBU) es uno de los proyectos estrella que ERC llevaba en su programa electoral. Pero fue la CUP la que apretó para incluirlo en el pacto de investidura que, días más tarde, el 21 de mayo de 2021, convertiría a Pere Aragonès en president de la Generalitat. Los antisistema forzaron a los republicanos a crear una oficina para desarrollar una prueba que el Parlament ha tumbado en varias ocasiones al considerarla inviable económicamente.
Hasta los propios diputados de ERC reconocen que no tienen mayoría para llevarla a cabo, como expresó Alba Camps en el último pleno. Aun así, desde la Consejería de Presidencia insisten por activa y por pasiva en mantener viva una promesa que sólo genera falsas expectativas, que no cuenta con la mayoría necesaria para llevarla a cabo y, lo que es peor, cuesta un millón de euros al año a los catalanes.
El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, interviene durante una sesión plenaria
Un gasto inasumible
La Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal fue creada el 22 de junio de 2021, tan sólo semanas después de que Aragonès fuese investido presidente de la Generalitat gracias a los votos de los antisistema, que presionaron para incluir este punto en el acuerdo. La idea era que 10.000 personas participasen en el proyecto durante dos años. De estas, 5.000 recibirían un pago mensual de 800 euros por adulto y 300 por menor de 18 años. Las otras 5.000 no percibirían nada, pero participarían en actividades de evaluación.
Nadie duda de que se trate de una prueba ambiciosa. Sin embargo, los partidos de la oposición llevan años rechazándola al considerar que es inasumible económicamente, pues conlleva un gasto de 40 millones por año. Es decir, 80 millones por los dos años que contempla. Tampoco los sindicatos han querido ser partícipes de una medida que, alegan, sólo se impulsó para encandilar a la CUP en su momento.
Más de 80.000 euros al año para el director
En los últimos tiempos, PSC, Junts, Ciudadanos, PP y Vox han hecho pinza en el Parlament para frenar una prueba piloto que no se podrá aplicar ni a corto ni a medio plazo, como afirman que ya ha quedado demostrado en otros países en los que se ha intentado. La oposición en bloque se ha puesto de acuerdo para instar al cierre de la oficina, que hoy todavía sobrevive, desoyendo las resoluciones del Parlament y con un director que cobra 83.547,42 euros anuales.
Se trata de Sergi Raventós, a quienes definen como una persona "de la cuerda" de ERC y la CUP. Su día a día al frente del chiringuito lo dedica a impartir conferencias por los municipios para vender las bondades de la renta básica universal. Las últimas han tenido lugar en Montblanc (Tarragona) y en Lleida, donde aseguró que la RBU "contribuiría a revertir la pérdida de población y a arraigar a gente en el entorno rural".
Sergi Raventós, jefe de la oficina del plan piloto de renta básica universal
De este modo, si bien el Parlament ha instado a cerrar una oficina cuyo objetivo es irrealizable y cuyo coste es considerado un despilfarro de dinero público, el Govern sigue haciendo oídos sordos con tal de contentar a los antisistema de la CUP. Una formación que hace tiempo que ni está ni se le espera en relación a la gobernabilidad de Cataluña.
