El Govern da marcha atrás a la venta de patrimonio capitaneada por el exconsejero Andreu Mas-Colell hace una década. El "giro de 180 grados" anunciado este lunes por la consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, supondrá tanto la construcción de nuevos inmuebles de propiedad pública, avanzado por Crónica Global, como la rehabilitación y optimización de espacios ya existentes.
En Barcelona, la Generalitat solo posee un 22% de oficinas en régimen de propiedad. El objetivo es alcanzar el 68% en 2038, un porcentaje ligeramente superior al registrado en 2012, cuando se inició la venta de patrimonio. En los próximos 14 años, se prevén construir 145.000 metros y rehabilitar de forma integral 35.000 metros. Además, se optimizarán 47.000 metros en inmuebles de propiedad y 59.000 metros en inmuebles de arrendamiento.
Traslado de 11.000 trabajadores
A lo largo de este periodo, la Generalitat quiere reubicar a casi 11.000 servidores públicos, la mayoría de ellos entre los años 2028 y 2037. Los diferentes equipos que ahora están de alquiler se reubicarán en edificios emplazados en suelo reservado para equipamientos. El Govern argumenta que este tipo de suelo abaratará la carga económica de las inversiones, ya que sólo implica un desembolso para edificar el inmueble.
Descarta así la compra de inmuebles de renta libre, pese a la bajada general de precios en capitales como Barcelona. La idea pasa por construir en suelo de la Generalitat para no competir con los promotores privados. También se prevé que en la comisión bilateral Estado-Generalitat se negocie la transferencia o cesión de edificios de la Administración General del Estado, en su totalidad o de froma parcial.
Ampliación del Distrito Administrativo
La primera operación inmobiliaria será la construcción de una torre de oficinas junto al futuro pabellón 0 de la Fira de Barcelona, muy cerca del Distrito Administrativo inaugurado en 2020. Actualmente, la ciudad de los funcionarios acoge a 3.400 empleados públicos. En sus alrededores se encuentran otras entidades públicas como la Agencia de Residuos de Cataluña, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y la Agencia Tributaria de Cataluña.
El nuevo rascacielos, que contará con 25.000 metros y acogerá 1.200 trabajadores, finalizará sus obras en 2027 e implicará una inversión de 68 millones de euros. No se ha especificado qué consejerías se trasladarán a este edificio.
Sede de la Consejería de Economía en el Distrito Administrativo de la Generalitat
Inversión sin cuantificar
El Govern tampoco ha ofrecido ninguna cifra de inversión total del plan, aunque ha asegurado que a la larga redundará en un ahorro para las arcas públicas. "Por cada euro de inversión, tendrá un retorno del 98% en 22 años. Prácticamente el 100% de la inversión efectuada", ha detallado el director general de Patrimonio, Josep Maria Aguirre.
La Generalitat justifica esta operación para esquivar las volatilidades del mercado inmobiliario que sufren como arrendatarios y garantizar ahorros recurrentes al concentrar los costes directos e indirectos derivados del mantenimiento de las oficinas. Además, este modelo asegura una ubicación estable para los trabajadores públicos.
"No somos una multinacional"
"No somos una empresa multinacional que pueda estar en régimen de arrendamiento un tiempo para después movernos a otras ubicaciones europeas. Somos una institución con centenares de años de historia y por eso esta política patrimonial que presentamos es la más conveniente", ha explicado Mas.
La reorientación de la política patrimonial también ahondará el modelo de trabajo puesto en práctica en el Distrito Administrativo. Este esquema de trabajo híbrido que potencia los espacios colaborativos mediante un sistema de mesas que van rotando a diario.
El mal negocio de Mas-Colell
Mas tampoco ha entrado a valorar si la operación de Mas-Colell fue o no un error. "Nos encontrábamos en momentos extraordinarios y queríamos paliar los efectos de la crisis global en las finanzas de la Generalitat. En cada momento se toman las decisiones que pertocan", ha zanjado.
Andreu Mas-Colell, exconsejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat / EUROPA PRESS
Pese a que la Sindicatura de Cuentas consideró que las ventas de patrimonio del exconsejero habían supuesto un roto de 80 millones de euros para las arcas públicas, Aguirre ha asegurado que a la larga supusieron un ahorro del 26% desde 2012. Aunque este ahorro se circunscribe a las consejerías y entidades públicas que se mudaron al Distrito Administrativo.