Carles Puigdemont ha sentado cátedra en el nuevo Gobierno de España. Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes y Movilidad Urbana, ha hecho suyo el argumento de que existen "casos de lawfare sin duda" en España, algunos de "alta intensidad" y otros de "baja intensidad". Es más, ha asegurado que negarlo es "un gesto de cinismo".
En una entrevista para ElDiario.es, el exalcalde socialista ha puesto como ejemplo de guerra judicial la que sufrió supuestamente la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell, que dejó la política tras ser imputada por su actuación como jueza en un caso que fue finalmente sobreseído y que derivó en la condena del juez instructor por prevaricación, cohecho y falsedad.
Victoria Rosell, juez en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas.
Cree en el 'lawfare' y en las 'meigas'
"Es un caso de lawfare de libro, pero hay otros de menor intensidad que están muy claros también y que han sucedido en este país", denuncia en una entrevista en la que compara el lawfare con las meigas porque "uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas". Puente no responde además a si la investigación por terrorismo al expresident Carles Puigdemont es también un caso de 'lawfare'. "Vamos a verlo. Yo creo que el procedimiento no ha hecho todo su recorrido hasta el final", señala al respecto.
El ministro de Transportes defiende además que el Gobierno no va a "a establecer instrumentos de revisión de sentencias", al tiempo que ha defendido el derecho de los políticos a "ser críticos con algunas decisiones judiciales y de serlo también sobre la base de hechos objetivos y de una cierta revisión de las decisiones y de cómo se han tomado". "Las imágenes de los jueces y fiscales con toga en la puerta del juzgado me parecen inasumibles", ha sostenido además Puente, que cree que los jueces exageran al decir que se pone en riesgo la independencia judicial con la ley de amnistía, cuando no se "rasgaron las togas" cuando un político del PP dijo que controlarían la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
Rechazo del poder judicial
Por otra parte, Puente ha defendido la figura del mediador internacional en el diálogo con el independentismo catalán al sostener que es "coherente" con una situación de "mucha desconfianza" aunque cree que no será necesario porque el PSOE va a cumplir con sus acuerdos "sin necesidad de verificación". Además, se ha desvinculado de la querella de Sumar contra diez vocales del Consejo General del Poder Judicial porque no le ve recorrido y ve un "grave error" ir a la jurisdicción desde la política "con muchas probabilidades de que no prospere.
En las últimas semanas, profesionales de la Justicia como jueces, fiscales, abogados, procuradores y letrados de la Administración, entre otros, han protagonizado concentraciones en al menos 15 provincias a lo largo de todo el territorio español contra el acuerdo de PSOE y Junts, que incluye la ley de amnistía y referencias al lawfare. Las protestas se han ido extendiendo en los últimos días en varias comunidades autónomas después de conocerse el detalle de lo acordado entre PSOE y los independentistas que hace referencia a la amnistía y la judicialización de la política. Todas las asociaciones de fiscales y jueces, incluyendo la de la izquierda, se han manifestado en contra del acuerdo, que hace referencia al lawfare o la judicialización de la política.