Junts per Catalunya (JxCat) ha registrado este viernes en el Congreso las comisiones de investigación que pactaron con los socialistas en agosto a cambio de apoyar el nombramiento a Francina Armengol como presidenta de la Cámara. Una de ellas para "saber la verdad" -según sus palabras- de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, y otra sobre la llamada operación Cataluña.
Cuando se constituyó el Congreso, el PSOE acordó con ERC y con Junts permitir el uso de lenguas cooficiales en la Cámara, prestarle cuatro de sus diputados a los posconvergentes para burlar el reglamento y que pudieran formar grupo propio -a pesar de no reunir los requisitos necesarios para ello-, y crear esas dos comisiones de investigación. A cambio, los independentistas catalanes votaron a Armengol y así darían al PSOE y Sumar el control de la Mesa de la Cámara Baja.
De esas concesiones, ahora faltaba por materializarse la creación de las comisiones de investigación. Y Junts las ha registrado este viernes, recabando para ello la firma del PNV, en lugar de buscar un texto común con el PSOE y ERC.
Atentados del 17-A
La comisión sobre los atentados yihadistas de 2017, cometidos cuando Carles Puigdemont presidía la Generalitat, busca según los secesionistas "saber la verdad" y esclarecer, según ellos, "responsabilidades políticas". En este sentido, desde el ultranacionalismo catalán se han alimentado en los últimos años teorías conspirativas señalando una supuesta responsabilidad del Estado. En especial desde Junts, haciéndose eco en numerosas ocasiones de los rumores que apuntan a que uno de los implicados, el ex imán de Ripoll Abdelbaki es-Satty, habría sido confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El comisario jubilado José Manuel Villarejo es uno de los que han alentado esa teoría de la conspiración al decir que el CNI no quería provocar los atentados en los que murieron 16 personas, pero sembrando la sospecha de que hubo un "error de cálculo" ya que, según su versión, se quiso crear un supuesto "comando ficticio" para dar un "susto" en Cataluña y tras la muerte del imán en la explosión de Alcanar la cosa se "descontroló".
'Operación Cataluña'
La otra comisión de investigación se refiere a la denominada operación Cataluña, sobre las supuestas actuaciones que se atribuyen al Ministerio del Interior en los Gobiernos de Mariano Rajoy para lanzar informaciones falsas contra políticos secesionistas con el fin de tratar de desacreditarlos, según la versión de estos últimos.
El Congreso ya ha investigado varias veces lo que los ultranacionalistas catalanes llaman "cloacas" del Estado en la etapa del PP, tanto en 2017 por la llamada operación Cataluña como en la pasada legislatura, cuando abrió pesquisas sobre la operación Kitchen sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Utilización para la amnistía
En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a encausados del procés. El partido del prófugo Puigdemont pretende que lo que decida el Congreso sirva para demostrar un supuesto "lawfare" -uso de causas judiciales para perseguir a rivales políticos- y así revisar otras causas que afectan a sus correligionarios.
Esa mención al "lawfare" en el acuerdo del PSOE y Junts ha indignado a la oposición, a todas las asociaciones judiciales y fiscales del país, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a centenares de juristas, entre otros muchos colectivos, pues consideran que el Congreso pretende fiscalizar y entrometerse en la actuación de los tribunales de justicia.