La Fiscalía ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigue a la exconsellera de Salud de la Generalitat y actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés (ERC), por el retraso en la vacunación contra el Covid-19 a policías nacionales y guardias civiles, debido a los indicios que la vinculan con el calendario de inmunización.
Fuentes jurídicas han explicado que el ministerio público ha hecho esta petición dada la condición de aforada de Vergés.
El TSJC había rechazado investigarla
También lo han solicitado las asociaciones y sindicatos de policías y guardias civiles Jucil, Jupol, SPP y AEGC, que fueron los que dieron pie a la investigación al presentar una denuncia en la que acusaban a la Generalitat de Cataluña de paralizar la vacunación de policías nacionales y guardias civiles hasta que, en abril de 2021, el TSJC ordenó al Govern que los inmunizara de forma "inmediata".
Tras recibir la denuncia, en marzo del año pasado, el TSJC rechazó investigar a Vergés al no apreciar ninguna "acción u omisión" que se le pudiera imputar directamente en este caso, aunque ordenó a la justicia ordinaria que identificara a los responsables, lo cual propició que el juzgado 17 de Barcelona abriera una causa penal.
Una nueva prueba involucra a la 'exconsellera'
De las declaraciones de los imputados y de una nueva prueba que ha salido a la luz durante la instrucción del caso se desprenden indicios de que Vergés pudo tener responsabilidad sobre el calendario de inmunización de policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña, lo que la sitúa en el punto de mira de la investigación, según las mismas fuentes jurídicas.
En la causa han declarado hasta ahora como investigados el exconseller de Salud Josep Maria Argimon (JxCat) -que era secretario general de Salud Pública durante la pandemia- y el exsecretario general de su consejería, así como otros cuatro cargos de la misma durante la pandemia que negaron que tuvieran competencia para decidir a qué grupo o colectivo se vacunaba en cada momento.
Argimon se quejó: "Retrasaremos la vacunación de gente de 70 años"
Argimon arguyó ante el juez en que, como secretario de Salud Pública de la Generalitat en aquella época, no era responsabilidad suya decidir cuándo se paralizaba o reactivaba la vacunación de los agentes estatales.
Es más, tras insistir en que su responsabilidad se ceñía a garantizar que las vacunas contra el coronavirus llegaran a Cataluña, el exconseller apuntó que no compartía la decisión de paralizar la inmunización de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Argimon fue, no obstante, uno de los responsables del Govern que dio explicaciones públicas por el calendario de inmunización de los policías. En rueda de prensa, tildó de "ridículo" el ultimátum del TSJC, al tiempo que advertía: "Cumpliremos, pero para ello retrasaremos la vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo".
"Apariencia de discriminación"
El TSJC ordenó a la Generalitat el 27 de abril de 2021 a la Generalitat que "sin excusa alguna" garantizara "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación a los agentes, para que en diez días alcanzara la misma proporción que en los Mossos d'Esquadra -notablemente mayor que en la de los otros dos cuerpos policiales-, como finalmente ocurrió, al apreciar una "apariencia de discriminación".
La Generalitat acató la orden del TSJC y el 8 de mayo de 2021 ya había vacunado a más de 3.700 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, equiparando su situación a la de los Mossos.