Los responsables de la caja de solidaridad 'indepe' piden que se les devuelva el dinero si hay amnistía

Los responsables de la llamada caja de solidaridad independentista, una iniciativa que ayuda a hacer frente a gastos jurídicos y responsabilidades económicas de las personas investigadas por el procés, han reclamado que "se tendrían que devolver los miles de euros aportados" para la causa si, finalmente, se aprueba una ley de amnistía. "Si no, sería una injusticia", afirman.

Presidida por Pep Cruanyes, la organización ha asumido la ayuda de cientos de personas "represaliadas por motivo de la lucha por la independencia", en sus palabras, como es el caso de encausados por su actitud en manifestaciones, cargos del Govern, de la sindicatura electoral y otros investigados por el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017, del que se acaban de cumplir seis años.

Más de 207.000 euros en los últimos siete meses

La entidad fue gestionada inicialmente por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, pero después fue asumida por la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, que "recoge y canaliza la voluntad de solidaridad de miles de personas" para dar apoyo a las "víctimas de la represión política".

Desde la organización aseguran haber dado apoyo en los últimos siete meses a 125 personas relacionadas con el procés con una aportación de 207.489,68 entre facturas de abogados, procuradores, multas, ayuda psicológica, sanciones, fianzas o responsabilidad civil. 

Más de 3,6 millones

Los responsables de la entidad aseguran haber aportado finanzas por el 1-O que suman más de 3,6 millones de euros en dos partidas idénticas (7,2 millones en total) en el procedimiento del Tribunal de Cuentas y en la causa del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a unos 40 excargos por organizar el referéndum ilegal de 2017.

Uno de los mayores desembolsos de la caja de solidaridad fue el millón de euros depositado en el Tribunal de Cuentas para afrontar los intereses que el organismo reclama sobre las multas por el referéndum del 9N. De ese modo, se levantó el embargo de propiedades que afectaba al expresident Artur Mas.