Las iniciativas de la Generalitat para erradicar el uso del castellano en el sistema educativo de Cataluña vuelven a estar sobre la mesa en la Eurocámara. La eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha presentado este jueves una pregunta parlamentaria en la que denuncia ante la Comisión Europea la campaña del Govern secesionista dedicada a colocar buzones en las universidades catalanas para "facilitar", a su juicio, "que se señale anónimamente a los profesores que usen el español y a los estudiantes que piden impartir las clases en este idioma".
Montserrat se hace eco de este modo de la campaña titulada "si te cambian la lengua, no te cortes", publicada en los medios para alentar a los alumnos a quejarse a través de un buzón anónimo si algún profesor imparte sus clases en castellano en asignaturas previstas en catalán en el plan de estudios.
El PP considera que, con esta iniciativa, se anima "a denunciar, perseguir y señalar a quienes, ya sean profesores o alumnos, planteen su derecho a aprender o impartir las clases en español", según dice el PP en un comunicado.
"Campaña de acoso al español"
En la misma pregunta parlamentaria, la dirigente popular apunta a la Comisión Europea que el Govern catalán lleva a cabo, según el comunicado, una "campaña de acoso al español en el ámbito educativo, vulnerando el derecho de los estudiantes a usar el español y la libertad de cátedra de los profesores universitarios".
Según Montserrat, esto se suma al incumplimiento de la sentencia que insta a impartir al menos un 25% de clases en castellano en las escuelas de Cataluña, donde la Generalitat ha impuesto la inmersión monolingüe obligatoria en catalán en las tres últimas décadas.
Libertad de cátedra
El PP denuncia que el Govern exige a las universidades al inicio del curso que publiquen en qué lengua se impartirán las clases, algo que no se puede cambiar a posteriori aunque haya alumnos que lo pidan.
Ante esto, Montserrat ha preguntado a la Comisión Europea si cree que la campaña "respeta el derecho a usar la lengua oficial española y la libertad de cátedra de alumnos y profesores en las universidades catalanas". Además, reclama al Ejecutivo comunitario instar a los Estados miembros a defender los derechos de profesores y alumnos.
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