Las negociaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno han devuelto a los partidos independentistas catalanes el protagonismo y la importancia que no han conseguido en las urnas. Tanto ERC como Junts fueron castigados en las últimas elecciones generales, donde se dejaron casi 800.000 votos, pero tienen la llave de la gobernabilidad de España y la usan tanto para marcar la agenda política del país como para intentar desgastarse lo máximo los unos a los otros. En este contexto, que un técnico de la ACA alertase de nuevo de la situación de sequía que vive Cataluña ha sentado como un jarro de agua fría en las filas republicanas, donde a lo largo de la última semana han proliferado las críticas contra Jordi Molist.
Molist es el director del área de Abastecimiento de Agua de la ACA, cargo en el que continúa a pesar de su condena e inhabilitación en un caso de corrupción en la empresa pública. Alertó hace una semana de que Barcelona y su área metropolitana sufrirían restricciones en noviembre si la falta de agua persiste en la región. Las reservas hídricas están al 23% y, tal y como reconocen desde la propia empresa pública, en la última gran sequía que se vivió en Cataluña se activaron las alarmas con este medidor en el 20%. Pero en ERC no se quiere reabrir este debate por miedo a que se convierta en una crítica sobre la inacción política del Govern.
Críticas a la gestión del Govern
Las reprobaciones a Pere Aragonès y su equipo por la falta de iniciativa política y la carencia de gestión del Ejecutivo catalán han sido constantes en este mandato. Más, desde que Junts salió de la Generalitat al considerar que se había roto la lealtad mínima necesaria para sostener un Gobierno de coalición. Los republicanos achacan esta censura a la obra de gobierno a un intento por parte de la oposición de ganarles terreno. Especialmente por parte de los neconvergentes, con los que mantienen un pulso por capitalizar el espacio independentista.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la manifestación de la ANC por la Diada
Pero la pugna política catalana ha pasado a un segundo plano y ha quedado tapada por la nacional. Ahora, la agenda que predomina es la independentista, con las exigencias de amnistía y autodeterminación sobre la mesa de la Moncloa, por lo que se intenta evitar que se cargue de nuevo contra Aragonès por su función ejecutiva. Más, con una cuestión tan controvertida como la sequía.
Qué ocurrirá en otoño
El Govern ya fue blanco de críticas por las medidas que había emprendido para luchar contra la situación de las reservas hídricas en Cataluña antes del verano. Tanto, que celebró una cumbre para demostrar que tomaba cartas en el asunto y el propio president dejó claro que era la cuestión que “más preocupaba” al Ejecutivo catalán. Pero también intentó minimizar los discursos alarmistas y mandó un mensaje de tranquilidad a las zonas con mayor densidad de población del territorio. Es decir, Barcelona y su área de influencia.
La mesa de la sequía se reúne de forma periódica (el próximo encuentro tendrá lugar este martes) y se sigue la actualidad meteorológica con la esperanza de que un otoño húmedo mejore la situación de las reservas hídricas catalanas. La alerta por restricciones para la segunda mitad del trimestre está allí, pero se considera que aún es pronto para pedir más concienciación a la población. En especial, porque eso implica alterar la agenda política que mantiene ahora ERC.
Molist, condenado por corrupción
A todo ello se le suma la polémica sobre si Molist debe seguir en su cargo. El director del área de Abastecimiento de Agua es uno de los portavoces habituales de la ACA para hablar sobre sequía, pero fue condenado por la Audiencia de Barcelona en junio de 2022 por un caso de corrupción en la empresa pública donde trabaja desde hace 22 años.
Fue condenado a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de información reservada y a otros ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos como inductor de un delito de malversación por el tribunal catalán. Los magistrados consideraron probado que había maniobrado junto con otros cinco altos directivos de esta empresa pública para otorgar a dedo un contrato de la compañía de 7,6 millones. Lo recibió una unión temporal de empresas (UTE) dirigida por dos exdirectivos del organismo. Fue en 2008 y la principal damnificada de esta actuación fue la misma ACA.
Recurso de casación
En el centro de la investigación estaba Joan Lluís Quer, director gerente de la ACA del 2000 al 2004 y máximo representante de la empresa adjudicataria. El resto de directivos a los que la Audiencia de Barcelona condenó fueron el director de la empresa que depende de la Consejería de Territorio de 2007 a 2008, Manuel Hernández; el jefe de Planificación de Usos del Agua hasta 2006, Josep Bou; el director de Planificación y Coordinación entre 2007 y 2010, Gabriel Borràs; y el jefe de la comisión técnica para la implantación de la directiva marco europea del agua de 2007 a 2008, Antoni Munné.
El expresidente de Infraestructures de la Generalitat y exgerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Joan Lluís Quer (de pie) / EFE
Fuentes próximas al directivo en activo recuerdan que la condena aún no es firme, ya que los implicados presentaron un recurso de casación. No se les aplicará ningún correctivo hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre ella. Mientras, Molist continuará en el cargo.
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