El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha incluido como uno de los perseguidos por el procés que debería beneficiarse de la amnistía. La “vía más impecable y limpia para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales”, ha declarado, que afectaría a unas “4.000 personas” y que debería ser una de las condiciones indispensables de Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

El letrado está a la espera de la celebración del juicio en la Audiencia Nacional en el que se le piden casi 10 años de cárcel por su presunta implicación en la trama de Sito Miñanco (Jose Ramón Prado Bugallo), que será juzgado por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Boye en la trama del ‘narco’ Miñanco

Boye se sentará en el banquillo de los acusados por haber falsificado unos documentos para que unos muleros pagaran el adelanto de un cargamento de cocaína en Colombia, tal y como sostiene la Fiscalía y la Policía e intentarán demostrar en sede judicial. Según el relato del Ministerio Público, el narco preparaba un gran desembarco de esta droga y en un momento dado necesitó la colaboración del letrado, que en ese momento se ocupaba de su defensa en otras casusas que tenía abiertas.

El narcotraficante Sito Miñanco en una imagen de archivo EFE

Cabe recordar que Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años de cárcel, cumplía condena en régimen de semilibertad en la cárcel de Algeciras cuando se inició la acusación que ahora se juzga, en 2016.

Operación de entrada de cocaína desde Colombia

Buscaban introducir 3.800 kilos de cocaína a Galicia por medio de un buque que partía de Colombia, la recogida en lanchas y el trasvase a un pesquero desde un puerto gallego. La operación requería de un primer pago adelantado a los narcos colombianos de 890.000 euros.

Unas mulas del narco gallego trataron de volar al país suramericano con el dinero en efectivo, pero fueron interceptados en la frontera por efectivos de la vigilancia aduanera que inmovilizaron el dinero. Fue entonces cuando el delincuente habría solicitado la ayuda de Boye para que falsificara unos documentos en los que se afirmaba que los fondos procedían de una carta de cambio y no de la droga y el letrado se habría prestado a facilitar esta trampa. Un hecho que el ahora defensor del expresidente catalán huido de la justicia y otros tantos independentistas en la órbita de Junts siempre ha negado.

Defensa de Puigdemont y Toni Comín

Boye insiste en que tanto Puigdemont como Toni Comín, otro exconsejero de la Generalitat que le ha confiado su defensa, se sienten “parte de un proyecto político acosado judicialmente”. Asegura que nunca le han pedido soluciones individuales para ellos y defiende que una amnistía como la de 1976 sí cabria en la Constitución.

Puigdemont, Comín y Ponsatí en la Eurocámara / EP

En cuanto a la realidad judicial que afecta a Puigdemont y Comín, Boye ha tildado de “bulo” que se planteen huir a Suiza para evitar una extradición desde Bruselas.

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