El idilio político se ha roto. Óscar Camps, fundador de la oenegé prorrefugiados Open Arms, ha denunciado al Ayuntamiento de Barcelona por quitarle un contrato de 1,6 millones de euros, pese a que fue íntimo de la exalcaldesa Ada Colau, se alineó con parte de la ideología de los comunes -al menos, en materia de inmigración- y asistió a algún acto institucional del partido de la ex primera edil.
Así lo indican fuentes judicales, que señalan un juicio celebrado esta misma semana y que ha enfrentado al propio Ayuntamiento de Barcelona con QStar Servicios Costeros, una de las empresas de la galaxia Open Arms en la que Óscar Camps participó durante 10 años: de 2012 hasta su disolución en 2022. El pleito se centra en un contrato de 1,6 millones para proporcionar torres de vigilancia de playas en Barcelona al que optó QStar. Lo ganó una firma competidora y la empresa de Camps respondió con una demanda civil.
¿Un plagio de 1,6 millones?
El escrito de la compañía del empresario y activista es grave. Asegura que el ganador del concurso público, la empresa asturiana Primur, se hizo con la concesión de la capital catalana con una oferta que copiaba su modelo de torre de salvamento. Según lo expuesto en el escrito, el ayuntamiento optó por adquirir 21 puntos de control de playas al grupo norteño pese a que ésta, según la denuncia, las habría copiado de QStar.
Las instalaciones tenían que cobijar a los socorristas que prestan servicio en las playas de Barcelona entre primavera y otoño. Cubren la temporada de verano, por lo que se necesitaban refugios para el personal de salvamento. La empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua SA (BCasa) diseñó las torres con los sindicatos de socorrismo, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y la empresa que gestiona el personal. Acordaron la compra unas estructuras de poliéster en fibra de vidrio resistente a la humedad, corrosión del mar y el viento. Asimismo, las torres filtran el 92% de los rayos ultravioletas (UV). Supusieron, pues, una "mejora" que decantó la concesión, tal y como afirmó la mesa de contratación antes de adjudicar el encargo.
Óscar Camps quería las suyas
Esa mejora de la oferta (es decir, más puntos en la valoración final) no la tuvo la firma de Camps. QStar, el grupo que ha denunciado, se revolvió contra la pérdida de un contrato de 1,68 millones de euros. Presentó la demanda civil porque, aseguraba, el modelo de Primur es, en realidad, el que diseñaron ellos. El activista cerró la compañía en 2022. Pero la denuncia estaba puesta, no se ha retirado, y el litigio con el ayuntamiento sigue.
Preguntado por la cuestión, Open Arms no ha contestado. Tampoco lo ha hecho Primur. Una portavoz municipal ha confirmado que se trata de una "demanda" contra la fabricación de las torres por presunta "copia" de las mismas. El juicio, ha reiterado, se ha celebrado esta semana. Desde el sector precisan que el litigio es grave, porque amenaza una concesión de 1,6 millones de euros de BCasa, la empresa de aguas del ayuntamiento.
Camps y Colau eran aliados
El caso está visto para sentencia y ha sorprendido incluso al entorno de los comunes. Las fuentes consultadas recuerdan que la exalcaldesa Ada Colau y Óscar Camps son amigos. Exploraron complicidades en el terreno político y personal a lo largo del pasado mandato, cuando el gobierno local se volcó en la financiación de las expediciones de Open Arms en el Mediterráneo a base de subvenciones, agotando en ocasiones todo el crédito, y le dio la Medalla al Mérito Cívico a su asociación.
Como contrapartida, Camps y su Open Arms también mostraron su complicidad con Colau. Levantó polvareda el hecho de que quebrantaran la neutralidad política al asistir al pregón que dio la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena en la apertura de las Fiestas de la Mercè de Barcelona en 2019.
Barcelona, contra Salvini por Open Arms
El vínculo entre la ahora concejal de BComú y Camps se estrechó. En 2021, la propia Ada Colau anunció que el Ayuntamiento de Barcelona se personaría en la causa abierta en Italia contra el ex primer ministro italiano, Matteo Salvini (Liga Norte), por bloquear un barco de Open Arms. La oenegé había denunciado al político ultra por vetar un desembarco de inmigrantes y refugiados en un puerto italiano.
Se inició un caso penal. Se juzga si el gabinete de Salvini cometió delito al rechazar que la nave atracara en un puerto del país en 2019. El buque, rechazado inicialmente, pudo tocar tierra finalmente porque un tribunal de apelación lo permitió. El Ejecutivo transalpino respondió con ira contra Open Arms y críticó la ciudad de Barcelona. La oenegé respondió con una querella. A su vez, el gobierno de Colau se ha personado en la causa y pide "reparaciones".
El flanco empresarial de Camps, incómodo
La labor filantrópica en el mar ha impulsado a Oscar Camps no solo al entorno de Colau, sino al nivel de ser merecedor de varios premios, incluyendo el de Honor del Parlament que recibió en 2019. Menos conocida es la faceta empresarial del directivo de Badalona (Barcelona), que a menudo le ha causado incomodidad por tener valores contrarios a su espíritu solidario.
Como avanzó este medio, la empresa de socorrismo de Camps, Proactiva Serveis Aquàtics, fue condenada en 2018 por prácticas antisindicales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) detectó vulneración de derechos fundamentales por la forma en que despidió a un sindicalista del grupo.
Antes, en 2016, la firma vivió una tensa huelga de socorristas contra la "precaridad" y por un "convenio digno" con okupación de la sede del Ayuntamiento de Barcelona. Colau llevaba menos de un año en el gobierno municipal. Finalmente, Proactiva perdió el contrato de Barcelona, y se lo quedó Eulen. Tras esa pérdida, Camps buscó quedarse con el igualmente lucrativo contrato de torres de vigilancia, pero también lo perdió. Y denunció al equipo de la que hasta ahora era su gran amiga.