La Generalitat de Cataluña ha presentado una reclamación al Gobierno español por un importe de 1.700 millones de euros al considerar que el Govern no los ha percibido debido a las rebajas fiscales "unilaterales" del Estado, según su terminología.
Así lo ha manifestado este miércoles la consellera de Economía, Natàlia Mas, según la cual esa cantidad "se debería liquidar" en los próximos tres años.
El Govern exige el dinero ya
La mandataria de ERC, incluso, ha llegado a decir que, de cara a este mismo mes de julio, ya se deberían abonar a las Generalitat 172 millones de 2021 -el modelo de financiación se liquida con dos años de decalaje-, mientras que en 2024 les corresponderían a su modo de ver 642 millones de 2022 y, en 2025, 862 millones de 2023.
Los dirigentes secesionistas de la Generalitat han situado entre esas rebajas que supuestamente afectan a nivel autonómico la del impuesto especial sobre electricidad, que en 2021 pasó del 5,11% al 0,5%; y la del IVA aplicado a la electricidad, que bajó del 21% al 10% en 2021 y del 10% al 5% en 2022.
Según la versión de Mas, esos cambios tienen un impacto recaudatorio para el Govern catalán, que recibe "en teoría" el 50% del IVA y el 100% de los impuestos especiales. Asimismo, ha criticado que la decisión de modificarlos no pasara por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ve "recentralización"
Según la consellera, el Estado ha "podido compensar" la caída de la recaudación con la creación de impuestos extraordinarios, como el impuesto extraordinario a la banca y a las empresas energéticas, una capacidad que asegura que las comunidades autónomas no tienen.
"Observamos una tendencia de recentralización de parte de los ingresos", ha añadido Mas, según la cual, en los últimos diez años, los ingresos del Administración central han crecido un 90%, mientras que los ingresos de las autonomías lo han hecho en un 40%.
IVA
En opinión de la mandataria secesionista, en el marco de esta supuesta "recentralización", Cataluña suma -según ella- una pérdida acumulada de recaudación del IVA de cerca de 13.000 millones de euros entre 2010 y 2021, ya que a su modo de ver las modificaciones al alza del IVA de los últimos años "se las ha quedado el Estado" con la rebaja del fondo de suficiencia.
La ley de financiación autonómica establece que las autonomías reciben el 50% del IVA, pero Mas cree que actualmente las comunidades "sólo reciben el 37% de la recaudación". En su opinión, la Generalitat sigue recibiendo el 50% que le tocaría si el tipo general estuviera en el 16% y el reducido en el 7%, cuando ahora es del 21% y del 10%, respectivamente.
Sin embargo, el Govern admite que la ley del modelo de financiación prevé que los ingresos adicionales derivados de una modificación del IVA y de los impuestos especiales se los quede íntegramente el Estado a través de una menor transferencia del fondo de suficiencia.
ERC habla de "deslealtades"
Los dirigentes secesionistas de la Generalitat de Cataluña también critican que el programa de estabilidad 2024-2026 del Gobierno, aprobado por Bruselas, plantea un reparto de objetivos de déficit a su juicio "desproporcionado", que les recortará 780 millones de euros, y que se suman a los 3.754 millones de euros que desde 2015 se han dejado de ejecutar -siempre según su versión- en Cataluña.
En opinión de Mas, la caída de la recaudación por las rebajas fiscales; la menor percepción del IVA por la rebaja del fondo de suficiencia; el reparto de los objetivos de déficit y los incumplimientos en inversión están provocando un desequilibrio vertical entre el Estado y las autonomías que, según ella, "empobrecen" al Estado del bienestar en Cataluña.
La dirigente de ERC -partido que, junto a Junts, impulsó el referéndum ilegal de secesión y la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017- ha llegado a calificar sus estimaciones como "deslealtades" del Estado hacia Cataluña, listadas por la Generalitat, y que alcanzan a su parecer cerca de 20.000 millones de euros. Aunque el Govern reconoce que no son cifras que se puedan sumar -entre otras razones, porque algunas no se pueden reclamar-, considera que es una cantidad que deja de estar disponible para los catalanes.