La operación anticorrupción desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sitges afecta al actual gobierno municipal, encabezado por Aurora Carbonell, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a los miembros del anterior, liderado por Miquel Forns, de Convergència i Unió (CiU).
Cabe destacar que Carbonell, que gobierna el municipio del Garraf desde 2019, renovó su cargo el sábado, tras las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo, con el apoyo de Sitges Grup Independent, Verds Sitges En Comú Podem, Fets por Sitges y Guanyem Sitges.
Promete "dejarse la piel"
En el discurso de su investidura la alcaldesa se comprometió a “dejarse la piel” por mejorar Sitges y presumía de que su nuevo equipo está formado también "por miembros del gobierno anterior y de la antigua oposición". Días más tarde, los vecinos del municipio amanecen con una noticia que pone en duda sus palabras y que puede comprometer su inicio de mandato.
Aurora Carbonell (ERC), actual alcaldesa de Sitges
Por su parte, su antecesor Miquel Forns (CiU) fue alcalde del municipio entre 2015 y 2019. De hecho, en su campaña hizo hincapié en la transparencia, si bien ahora la Policía Nacional investiga si parte de las presuntas irregularidades se produjeron cuando él estaba al frente del consistorio.
Malversación y fraccionamiento de contratos
Sin embargo, este miércoles su gobierno se ha visto salpicado por una operación anticorrupción que se centra en esclarecer si se cometieron irregularidades en la adjudicación de subvenciones y si se fraccionaron contratos en la Mesa del Tercer Sector Sitges-Garraf, según ha avanzado la periodista Anna Punsí.
Según Punsí la Policía Nacional ha accedido a la Oficina de Atención Ciudadana, donde estaría recopilando material informático de interés para la causa. Los agentes también efectúan otros tres registros en locales del Ayuntamiento de Sitges, en el marco de la explotación de esta investigación tutelada por el Juzgado de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú, que se inició hace un año y que ha tenido varias fases.
Fuentes policiales han confirmado que es "esperable" que se encuentren materiales que sirvan como prueba o evidencia de los delitos de corrupción que se investigan. Otras voces no oficiales añaden que se esperan una decena de detenciones de personas relacionadas con el consistorio, algunas de ellas del actual gobierno, por la presunta malversación de 600.000 euros entre 2017 y 2022.