El hartazgo de guardias civiles y policías nacionales ha llevado a los sindicatos a organizar una protesta frente a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la Via Laietana el próximo viernes 9 de junio. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se concentrarán a las 13:00 h para denunciar el “hostigamiento” que, según ellos, sufren por parte de los sectores independentistas más radicales.
Por eso piden que la comunidad sea considerada Zona de Especial Singularidad (ZES), como Euskadi o el Campo de Gibraltar. En declaraciones a Crónica Global, Alfonso Merino, secretario general de AUGC en Cataluña, expresa que aunque la situación política actual no es equiparable a la que se vivió en el punto álgido del procés, los guardias civiles “no quieren trabajar en Cataluña”.
Piden incentivos para trabajar en Cataluña
Lo achaca a la carestía de vida y al conflicto separatista, que colocó en la diana del independentismo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una situación de la que todavía perduran las secuelas. “Nadie se ha preocupado de nosotros”, expresa Merino, que echa en cara el trato recibido por parte de la Administración.
Para atajar esta situación piden que se apliquen medidas económicas y sociales que incentiven a los agentes del instituto armado a elegir Cataluña como destino, como una subida salarial, más días de vacaciones o que tengan preferencia a la hora de solicitar un traslado sobre los compañeros que desarrollan sus funciones en otras regiones de la península.
Jacobo Rodríguez, portavoz de SUP, secunda la petición de que Cataluña sea considerada una ZES. En el caso de los policías nacionales, añade, “no hay incentivos” que los empujen a venir a trabajar en esta comunidad. “Siempre se quedan plazas vacantes”. El motivo, insiste, es el “acoso y hostigamiento” que sufren los policías, no por parte de la sociedad catalana sino de sectores radicales que hacen “difícil” trabajar en Cataluña.
La polémica de las competencias marítimas
A esta petición se suma, por parte de la Guardia Civil, la denuncia de lo que consideran un “traspaso encubierto” de sus competencias marítimas en Cataluña en favor de la policía autonómica. Se quejan de que los Mossos d’Esquadra "se están comprando barcos y los están desplegando en el mar”, en lo que interpretan como un pulso por hacerse con el control del litoral.
El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, en una rueda de prensa
Cabe destacar que en 2020 el cuerpo autonómico puso en marcha la Unidad Marítima de Mossos d’Esquadra, con competencias administrativas en las aguas interiores catalanas, las más próximas la litoral. Sin embargo, la intención de la Consejería de Interior es alcanzar las competencias plenas también en este ámbito. Así lo manifestó el conseller Joan Ignasi Elena durante el día de Les Esquadres, pidiendo un traspaso total de las competencias. “Seguiremos desplegando la Policía Marítima. Queremos estar en el mar las 24 horas”. Desde el sindicato SUP refrendan esta denuncia e insisten en que el hecho de que los Mossos d’Esquadra se encarguen de parte de estos servicios supone “una duplicidad y un gasto superfluo para el Estado”.
La pugna por la comisaría de la Via Laietana
En lo que refiere a la Policía Nacional, se quejan de que desde el Govern se haya pedido de forma recurrente el cierre de la comisaría de la Via Laietana aludiendo a que fue escenario de torturas durante la época franquista. “Es absurdo intentar borrar el pasado”, denuncia Jacobo Rodríguez, que añade que “si la razón que esgrimen es que albergó a una policía ligada al gobierno franquista, habría que vaciar también muchos otros edificios, como el Ministerio de Defensa”.
Tilda la petición de “capricho político” del independentismo, que "persigue desvirtuar la realidad". Sostiene que la Policía Nacional no solo se rige por valores democráticos y constitucionales, sino que “se ha labrado su buena reputación con mucho trabajo”.
Los procesados por el 1-O
Por último, los sindicatos aprovecharán la concentración para solidarizarse con los 45 agentes procesados por su participación en el 1-O. Consideran “injusta” esta imputación y aseguran que están atravesando un “calvario judicial” por defender el Estado de Derecho y cumplir con lo recogido en la Constitución.