La Generalitat de Cataluña propone indemnizar con 90 euros a todos los participantes en las caóticas oposiciones realizadas el pasado abril para pasar de interino a funcionario, que posteriormente se anularon por su mala organización al haber estado repletas de incidencias e irregularidades.
La Consejería de Presidencia del Govern catalán ha comunicado su intención este miércoles en una reunión con los sindicatos de la Función Pública para hacer seguimiento de los procesos de estabilización de la plantilla, según explica en un comunicado. En el mismo se destaca que la indemnización se plantea por los "daños morales" causados.
1,2 millones de euros
Teniendo en cuenta que los convocados a los exámenes fueron 13.534, la indemnización total a la que haría frente la Generalitat se elevará hasta un máximo de 1.218.060 euros.
Esta cantidad será una parte de la compensación que el Ejecutivo autonómico reclamará a Cegos, la empresa subcontratada por la Generalitat de Cataluña para organizar sus oposiciones, a la que acusa de daños y perjuicios "ocasionados por el incumplimiento de las funciones de logística y de vigilancia que por contrato tenía encomendadas".
Expediente
La Consejería de Presidencia ha iniciado un expediente de oficio para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración catalana e indemnizar a los aspirantes a las pruebas del concurso de oposición de estabilización del pasado 29 de abril. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicará este jueves el inicio del expediente y se abrirá un período de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
Dicho expediente podría finalizar después del verano, cuando se podrán realizar los pagos.
Repetición de las pruebas en julio
A causa de esa caótica organización, la Generalitat decidió dejar sin efecto las pruebas del concurso de oposición y volver a repetirlas los próximos 1 y 8 de julio tras acreditar las irregularidades que se produjeron, como la entrega de exámenes equivocados, retrasos generalizados, y aulas repletas de aspirantes.
Los incidentes se produjeron en la primera ocasión en la que la dirección general de Función Pública decidió externalizar la organización de unas oposiciones.