La empresa de las oposiciones chapuceras de Cataluña, que se tendrán que repetir, niega el acceso a la información interna de las pruebas en Madrid, donde se enfrenta a otro escándalo por las pruebas de acceso a puestos de trabajo en Metro de Madrid.
Lo explica uno de los afectados por las supuestas malas prácticas, que lamenta que Cegos, la multinacional francesa, "se ha negado a permitir a los aspirantes el acceso a los cuadernillos de examen". Con ello, el grupo galo vulnera la normativa a oposiciones, que fija que los aspirantes deben tener acceso a la documentación y al expediente administrativo de los procesos en los que son parte interesada.
"Irregularidades"
Pero es que hay más. Según la misma fuente, el conglomerado que pilota Jesús Araujo en España "no ha publicado, ni antes ni después de la prueba, qué preguntas evalúan cada factor de los que resultan en ser declarado apto o no apto, ni cuánto vale cada pregunta y sus respuestas, ni cómo se realiza el cálculo final de la puntuación que lleva a considerar a alguien apto o no apto".
Asimismo, la enseña ha colocado a los candidatos en dos horquillas, sin justificar su posición ni explicar qué respuestas a las preguntas explican ese puesto. De nuevo, quiebra la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre acceso el empleo público.
Metro de Madrid, caso omiso
Pese a todas estas acusaciones, Metro de Madrid continúa con el proceso de incorporación de los trabajadores. Los candidatos critican que el operador de transporte "ha empezado a llamar a aspirantes para la presentación de documentación necesaria y reconocimiento médico".
Esto es, la compañía pública rechaza "desautorizar" a la empresa externa "pese a las irregularidades el día del examen".
Precedentes en Cataluña
En cualquier caso, decenas de candidatos que han quedado fuera se están organizando como colectivo de afectados. Es casi miméticamente lo que ha ocurrido en Cataluña, donde Cegos pilotó las últimas oposiciones para estabilización de interinos y el procedimiento terminó en caos, con pruebas suspendidas, falta de información, de personal y controladores de examen sin formación alguna.
La Generalitat ha reaccionado, ha cesado a la directora general de Función Pública y repetirá las pruebas. Antes, sin embargo, fueron los tribunales los que propinaron un rapapolvo a la administración autonómica por encargar otro filtro oficial también a Cegos.
Fue en los Bomberos, donde una polémica prueba psicotécnica dejó fuera al 40% de candidatos. Los no aptos se organizaron y lograron tumbar la controvertida criba en la jurisdicción contenciosa, como explicó este medio.