La presión de 140 funcionarios de prisiones que son candidatos en las elecciones municipales del 28M, así como un informe de la Dirección General de Función Pública, ha obligado a la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña a dar marcha atrás en su intento de limitar los permisos concedidos para hacer campaña, en función de las necesidades del servicio penitenciario. Curiosamente, una Junta Electoral de zona había dado la razón a Justicia y avalaba los nuevos requisitos. Pero fuentes del departamento aseguran a Crónica Global que prima la postura de Función Pública y, por lo tanto, han dado instrucciones a todos los centros penitenciarios para mantener el sistema de siempre.
La polémica arranca el pasado 11 de mayo, un día antes del inicio de la campaña electoral, cuando la Consejería de Justicia envió instrucciones a las unidades de recursos humanos de las cárceles catalanas sobre el permiso de 15 días al que tienen derecho los funcionarios incluidos en las listas del 28M. Un total de 140 empleados lo habían solicitado. Hasta ahora, sólo era necesaria la publicación de la candidatura en el Boletín Oficial de la Provincia. Pero en esta ocasión, se exigía además “un certificado del partido o candidatura correspondiente con el calendario de actividades que incluya los días y horas en los que debe participar el empleado público”.
En función de la posición que el funcionario ocupe en las listas electorales, se sea candidato o suplente y el puesto de trabajo que ejerza el trabajador o trabajadora penitenciaria, la Administración podría valorar su concesión según el día y las necesidades del servicio.
Informe jurídico
El informe jurídico de Justicia que avalaba la medida, al que ha tenido acceso este medio, indicaba que “si bien de entrada no se puede denegar el permiso al ser de carácter potestativo, se puede limitar el mismo al tiempo indispensable por su cumplimiento según lo que resulte justificado y acreditado por el propio solicitante a quien corresponde determinar para qué y para cuándo necesita el permiso de dispensa del puesto de trabajo”.
El informe consideraba necesario “ponderar también la incidencia de que el disfrute del permiso pueda tener en el servicio público, y en especial en aquellos sitios considerados de carácter esencial como es el ámbito penitenciario. De modo que se pueda limitar el ejercicio de manera motivada y al amparo de la discrecionalidad de la Administración, pero sin llegar a decisiones arbitrarias”.
"Vulneración de derechos"
La medida adoptada por el departamento, cuya titular es Gemma Ubasart, puso en pie de guerra a UGT, CCOO y CSIF ante lo que califican de "vulneración de sus derechos electorales" y consecuencia de un problema estructural de los servicios penitenciarios: la falta de personal. Los sindicatos, que invocaban resoluciones anteriores de la Junta Electoral Central, se pusieron en contacto con la administración penitenciaria y con la Dirección General de Función Pública que, en un informe solicitado por Justicia, dio la razón a los funcionarios. Por su parte, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) elevó quejas ante las juntas electorales por este intento de “fiscalizar” la actividad de campaña de los candidatos.
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Ante el escándalo generado, fuentes de la Consejería de Justicia han explicado a este medio que han dado marcha atrás en esas instrucciones y sólo se pedirá al funcionario la publicación de la candidatura en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como se venía haciendo hasta ahora.
Curiosamente, la Junta Electoral de Vilanova i la Geltrú emitió una resolución en la que avala las nuevas exigencias que en un principio proponía el Govern. A su juicio, el permiso “no necesariamente alcanza la integridad de los 15 días que dura la campaña electoral pudiendo la Administración para la que trabaja como funcionario público el candidato imponer a este la carga de indicar los eventos o actividades que justifican su presencia vinculada a la campaña, siempre que ello no vaya acompañado de formalismos o requisitos exorbitantes que hagan impracticable el ejercicio del permiso”.
Pese a ello, según las mismas fuentes del departamento y en base al informe de Función Pública, no se exigirán esos requisitos adicionales y así se ha informado a todos los centros penitenciarios.