La Junta Electoral retira el escaño a Laura Borràs tras rechazar sus alegaciones

La Junta Electoral Central (JEC) ha retirado la condición de diputada a Laura Borràs tras desestimar las alegaciones tanto de ésta como del Parlament catalán en su defensa.

La JEC, según avanzó ABC, comunicará este jueves su decisión a la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), adoptada después de haber sido condenada en primera instancia por prevaricación y falsedad documental por asignar 18 contratos fraccionados a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aún no es firme, pues Borràs la ha recurrido al Tribunal Supremo.

La JEC considera que Borràs debe dejar su escaño para cumplir con la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (LOREG), que considera "inelegibles" a "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública", entre ellos el de prevaricación, que afecta a la presidenta de Junts. Esta legislación también señala que "las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad", por lo cual Borràs no puede presentarse a unas elecciones ni mantener su condición de diputada.

Castellà tomará su relevo

De este modo, la JEC se prepara ya para retirarle el escaño a Borràs y expedir en su lugar la credencial al veterano exdiputado Antoni Castellà, el siguiente de la lista de Junts per Catalunya, según fuentes conocedoras de la resolución.

Mientras tanto, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha lamentado que la inhabilitación se haya filtrado a los medios de comunicación antes de comunicársela: "Veo que la JEC usa el mismo sistema de notificaciones que se ha usado en todo el proceso contra Laura Borràs... la prensa", ha ironizado el letrado en sus redes sociales.

El Parlament vio "innecesario" quitarle el acta

El organismo electoral había dado diez días hábiles de plazo --ya superados-- al Parlament para que se pronunciara sobre el cese de Borràs antes de tomar su decisión. Y la respuesta de la Cámara catalana --de mayoría secesionista-- fue que le parecía "innecesaria y desproporcionada" la petición de retirarle el escaño, alegando diversas razones: que su sentencia todavía no es firme, que ya fue suspendida de forma temporal como presidenta del Parlament y como diputada al ser procesada, que dejarla sin su acta vulneraría sus derechos, y que la JEC no es competente para decidir sobre la "incompatibilidad" de que la conserve.

Ya este mismo miércoles, ERC, Junts per Catalunya y la CUP volvieron a alinearse con estos postulados al tumbar una propuesta de reforma del reglamento impulsada por el PSC en el Parlament que hubiera facilitado el cese de miembros de la Mesa suspendidos por condena judicial, como es el caso de Borràs.