Las pinturas sobre la historia de España de la Generalitat acabarán en un almacén

El Gobierno secesionista de la Generalitat de Cataluña iniciará el próximo 2 de mayo el borrado de la historia de España en el salón Sant Jordi, uno de los espacios más emblemáticos de su sede central en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Se trata de la retirada de 69 murales pintados en los años 20 del siglo XX, en los cuales se recuerdan diversos episodios del pasado del país como el recibimiento de los Reyes Católicos a Colón en Barcelona tras del descubrimiento de América, la batalla de Lepanto, o el Compromiso de Caspe. Una supresión cuyo coste estimado rondará los dos millones de euros para el erario público, y cuyo destino es incierto, pues hoy por hoy se desconoce qué se hará con exactitud con esas obras una vez sean retiradas. Según ha podido saber Crónica Global, la Generalitat prevé enviarlas a un almacén. En concreto, a un depósito patrimonial de la Generalitat –sin especificar dónde, "por motivos de seguridad"—, quedando "disponibles por si se quisieran exponer".

Así le consta a este medio a través de la respuesta de la dirección general de comunicación del Govern, y también a través de una solicitud de información pública a la cual ha tenido acceso. En esta última se apuntan otros detalles, como por ejemplo que, ya en el pasado, se hicieron actuaciones similares con otros bienes muebles del palacio de la Generalitat, que se han expuesto o aún se exponen en algunos museos incluso sin estar catalogados, como sería este caso, si bien el edificio sí lo está, y cuenta con la protección especial BCIN desde 1931.

Motivaciones "estéticas"... y políticas

La actual supresión de las pinturas sobre tela relacionadas con la historia de España se enmarca, según el Govern, en “procesos de recuperación y restauración general” del palacio que comportan, en algunos casos, “la retirada de determinadas obras para ser preservadas en museos, archivos, bibliotecas, etcétera”. Su justificación para llevarla a cabo se basa en razones “culturales y de mejor conservación y presentación de las obras”.

El Govern secesionista elude esgrimir motivaciones políticas en la toma de esta decisión, si bien su trasfondo resulta evidente. No en vano, ésta se adoptó durante el mandato de Quim Torra como presidente en 2019, aduciendo en aquel momento que las pinturas, encargadas durante la dictadura de Primo de Rivera, no eran coherentes con el “estilo renacentista” del edificio –a pesar de que algunos de los episodios que se relatan en ellas son de esa misma época—, ni con otros murales anteriores.

La comisión de expertos creada en su día por el Ejecutivo de Torra –encabezada por él mismo-- sí reconoció, de hecho, motivos “estéticos e ideológicos”, pues a su modo de ver las pinturas en cuestión “exaltan valores guerreros, el orden estamental opuesto al parlamentarismo, la monarquía perenne y sagrada, el Estado basado en el catolicismo como ordenador social, la lucha contra el Islam, así como un patriotismo bélico e imperial”.

Según el informe de los “expertos”, dichos murales son además muy densos y “su presencia deforma, oscurece y estorba en gran medida el reconocimiento de los valores plásticos que hacen de esta pieza el espacio arquitectónico de mayor valor, magnitud y significación del Renacimiento en Cataluña”.

Ya se intentó en los años 30

Las dos respuestas del Govern a las que este medio ha tenido acceso, sin embargo, centran su argumentación en cuestiones técnicas y en precedentes puntuales. Así, recuerda que, en 2010, la Generalitat confió al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) una imagen de orfebrería gótica de Sant Jordi que hasta entonces se conservaba en la capilla de la Generalitat; y que otras piezas de su patrimonio, como algunos tapices renacentistas, también están custodiados en ese mismo museo y en la Biblioteca de Cataluña, donde además se conservan esculturas de Josep Llimona y parte del mobiliario que decoraba el Institut d’Estudis Catalans (IEC).

La Generalitat, asimismo, esgrime que la decisión de retirar las pinturas sobre la historia de España en el salón Sant Jordi no presenta problemas técnicos más allá de los propios de una intervención de grandes dimensiones y de ciertas “deficiencias” en las obras.

En este punto, recuerda además que, en 1930, la Diputación de Barcelona ya acordó retirarlas en virtud de un dictamen firmado en noviembre de ese año por críticos de arte y algunos artistas, y que aprobó la comisión permanente bajo la presidencia de Maluquer i Viladot, con la condición de cederlas al Museo de Arte Moderno. Dicho dictamen se ratificó en abril de 1932 en un segundo acuerdo del consejo de gobierno de la Generalitat, a raíz del cual se retiró --según el Govern-- el plafón principal que fue custodiado por la junta de museos hasta su vuelta en 1939.

"Comisión de expertos"

Según la información pública del Govern a la cual ha tenido acceso Crónica Global, la actual decisión de retirar esas pinturas del salón Sant Jordi deriva del dictamen de una comisión mixta de las Consejerías de Cultura y de Presidencia constituida el 16 de septiembre de 2019 –en aquel momento, gobernadas por Junts per Catalunya--, y que estaba formada por “personas expertas adscritas a diferentes universidades, centros de investigación y Administraciones públicas”, sin especificar cuáles, ni dar sus nombres. La opinión de todos ellos, curiosamente, fue “unánime” en lo relativo a la “necesaria retirada de las telas”, preservando su integridad y asegurando la conservación “en un depósito patrimonial o espacio museístico de la Generalitat de Cataluña”.

Asimismo, en dicho documento se señala que la retirada de las pinturas se lleva a cabo de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Autonomía, que a su juicio atribuye a la Generalitat la “competencia exclusiva” en materia de cultura, y la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán.

Por otra parte, el Govern esgrime a este medio que, desde 2008, se han hecho diversos estudios e informes sobre dichas pinturas, y que el proyecto actual de retirada incluye una parte de conservación-restauración elaborada por técnicos especialistas del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), "de acuerdo con los estándares de conservación que marcan los criterios museísticos imperantes", y con "las máximas garantías técnicas para preservar su integridad y garantizar la conservación".

Dos millones de euros de coste

Las obras en cuestión tendrán un coste que rondará los dos millones de euros para las arcas públicas, y las llevará a cabo la empresa Urcotext Inmobiliaria SLU, ganadora del concurso.

Así consta en la formalización del Expediente PR-2023-2 de la plataforma de servicios de contratación pública, publicada el pasado 5 de abril, y según la cual el "valor estimado del contrato" de obras de reforma para la retirada de las pinturas del salón Sant Jordi, y la posterior adecuación provisional del espacio, asciende a 2.328.725 euros, siendo el importe de adjudicación con IVA de 1.909.500,20 euros. De ellos, según el Govern, 803.740,56 euros corresponden a la conservación y restauración de las pinturas. Asimismo, está prevista subcontratación.

Las retirada de las pinturas sobre la historia de España se iniciará en los próximos días y durará unos 16 meses. Su finalización podría producirse hacia el 11 de septiembre de 2024, lo cual coincidiría con la festividad de la Diada de Cataluña.