Estos son los partidos políticos más opacos al licitar contratos públicos

Según este estudio, PSOE y Ciudadanos son las que han publicado mejores instrucciones internas, mientras que PP y Vox presentan un menor grado de cumplimiento. Todos los partidos analizados (PP, PSOE, Vox, Podemos y Ciudadanos) han aprobado estos reglamentos tal y como les requiere la ley, pero en la práctica todavía existen carencias con respecto a los portales de transparencia, publicidad o la posibilidad de impugnar contratos, además de una falta de homogeneización con las normas internas.

Anna-Clara Martínez defiende la tesis sobre partidos políticos y contratación pública / UIC BARCELONA

Las polémicas obras de Podemos

Sin embargo, la judicialización más sonada de los últimos años en cuanto a las adjudicaciones la protagonizó Podemos, tras una denuncia por la rehabilitación de su sede. "Vox presentó un recurso, se argumentaba que se tendría que haber licitado el servicio", recuerda la doctora en Derecho. Aunque Vox "no poseía legitimación activa", pues son las empresas afectadas las que deben liderar las acciones legales, "la resolución se tendría que haber licitado".

La investigación se archivó, pero un episodio de este tipo difícilmente habría comportado consecuencias legales. "No hay sanción, se tendría que prever un régimen sancionador en la ley", indica Martínez, ya que así los incumplimientos tendrían consecuencias jurídicas. Así lo refleja la ley de contratos del sector público, aprobada en 2017 para transponer en el sistema legal español la directiva europea 2014/24 sobre contratación pública.

La entrada a la sede de Podemos en Madrid / EP

"Falta transparencia"

La ley obliga a los partidos a aprobar instrucciones internas y sacar a concurso público sus licitaciones de mayor cuantía, aunque solo en caso de que la formación política reciba más de la mitad de su financiación de subvenciones públicas. La abogada considera que la tramitación diluyó el espíritu del reglamento europeo y que todavía existe una "falta de transparencia".

"Todos los partidos tienen hechas y publicadas sus instrucciones internas, pero el problema viene con la aplicación de los portales de transparencia, que están desactualizados o con licitaciones no publicadas". La mayoría de licitaciones publicadas por los partidos son para contratar actos audiovisuales, servicios de prensa u obras en las sedes, aunque la ley permite a las formaciones saltarse el proceso de adjudicación cuando se organizan actos de campaña, un concepto que no queda definido de forma exacta en el texto legal. Según Martínez, debería limitarse esta excepción a las campañas electorales y no extenderla a todo tipo de campañas publicitarias o políticas.

La llegada de Santiago Abascal a la sede de Vox / EFE

Pacma, un partido 'privado'

Los partidos también actúan como poder adjudicador, indirectamente, cuando gobiernan las Administraciones públicas, y también como grupos municipales o parlamentarios, que tienen un número de identificación fiscal diferente que el de la propia organización política. Lo mismo ocurre con las fundaciones vinculadas a las diferentes formaciones, que también son poder adjudicador. Sin embargo, Martínez se ha centrado en analizar cómo actúan los partidos como poder adjudicador al licitar contratos para su propio funcionamiento interno.

Como solo deben pasar por la licitación pública los partidos que reciben en subvenciones públicas más de un 50% de sus fondos, quedan excluidas fuerzas como Pacma, que se financia sobre todo a través de donaciones, Equo o el Bloque Nacionalista Gallego, así como la mayoría de fundaciones. En el pasado, Vox y UPyD también han pasado por periodos en los que la principal fuente de ingresos era privada.

La sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz / EFE

Un problema europeo

Más allá de los problemas detectados en la aplicación de la regulación de la Unión Europea en España, ¿cuál es la situación en otros países del bloque? "Francia, Alemania o Italia han aplicado tal cual esta noción de poder adjudicador de la directiva, pero no se hace referencia a partidos políticos". De nuevo, Martínez ve poca transparencia, por lo que cree que "el legislador europeo tendría que concretar más o cada Estado miembro debería tener esta responsabilidad y buen deber al financiar el dinero público de los partidos, igual que las fundaciones, empresas municipales u hospitales tienen la obligación de licitar".

La entrada a la sede de Ciudadanos en Madrid / EP

La autora de la tesis propone que la obligación de licitar contratos afecte a los partidos no solo cuando los proyectos tengan un coste superior a los 40.000 euros, sino también en caso de contrataciones menores. Asimismo, defiende que se incorpore a la ley "la posibilidad de recurrir los contratos, que no se recoge de manera explícita"; que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar las contrataciones internas de las organizaciones; y que las empresas que hayan hecho donaciones a un grupo político no puedan participar en procesos de contratación como licitadores.