La consellera de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña, Teresa Jordà, ha atribuido este viernes la falta de acuerdo entre el Govern de ERC y los grupos parlamentarios de la oposición en la cumbre por la grave sequía que sufre Cataluña a la cercanía de las elecciones municipales, una acusación que también comparte la portavoz de los republicanos en el Parlament, Marta Vilalta.

Jordà cree que para que el acuerdo tendría que haber habido voluntad, algo que veía posible a tenor de las conversaciones mantenidas en los últimos días. Según la consellera, el punto que ha imposibilitado el acuerdo ha sido el plazo para iniciar el régimen sancionador contra los ayuntamientos previsto en el decreto ley del Govern --aprobado con los votos de ERC en el Parlament--, del cual dice que no tenía una fecha concreta para comenzar a multar porque la voluntad era "disuasoria".

Al igual que Jordà, la portavoz de ERC Marta Vilalta ha atribuido "al partidismo y el electoralismo" la falta de acuerdo con los grupos parlamentarios en su reunión de este viernes, en la cual el Govern ha presentado una serie de nuevas propuestas para combatir la sequía.

"No hay acuerdo, pero hay un compromiso del Govern para implementar las medidas para mitigar la sequía", ha expresado Vilalta.

Rechazo entre la oposición a que se sancione a los ayuntamientos

El punto que ha hecho descarrilar el acuerdo sobre las medidas para mitigar los efectos de la sequía radica en el régimen sancionador y su entrada en vigor, un punto en el que los diferentes grupos de la oposición han tenido posiciones opuestas.

Por parte del PSC, la diputada Sílvia Paneque ha reconocido que han insistido en que se debía retirar el régimen sancionador, aunque estaban dispuestos a admitir una moratoria a partir del mes de septiembre, pero el Govern ha insistido en la fecha del 1 de julio.

Desde JxCat, su líder en el Parlament, Albert Batet, ha lamentado que no haya sido posible "un consenso de mínimos": "Los partidos que se aprueban mutuamente en Cataluña y Madrid no han sido capaces de moverse para encontrar un consenso necesario como es la crisis de la sequía".

Por su parte, la CUP y los comunes han puesto el foco contra el PSC y Junts: los anticapitalistas han acusado a ambas formaciones de haberse "enrocado" y de haber centrado el debate en el régimen sancionador. Jéssica Albiach, presidenta del grupo de En Comú Podem en el Parlament, se ha mostrado indignada con lo que llama "la pinza de PSC y Junts para poner por delante los intereses partidistas a los del país".

Las nuevas medidas se ejecutarán igualmente

Pese a la falta de acuerdo con los grupos de la oposición para consensuar las medidas, el Ejecutivo catalán tiene previsto ejecutar las medidas para mitigar la sequía que contiene el documento de preacuerdo que no se ha podido pactar.

Además de la propuesta de comenzar con las sanciones a municipios partir del 1 de julio, el documento del acuerdo impulsado por el Govern también recoge el compromiso de habilitar una partida extraordinaria de los presupuestos para hacer frente a la sequía.

El documento se compromete igualmente a la aportación de 50 millones de euros a los entes locales para obras de agua en baja a través de una nueva línea de subvenciones de la ACA, con los mismos porcentajes de financiación que las líneas de subvención del ente vigentes en abastecimiento en alta.

La propuesta de acuerdo también prevé la convocatoria de la Mesa Nacional del Agua en el mes de junio, que debe ser "el espacio de debate sobre la gobernanza" de este recurso en el contexto de cambio climático sus problemas de disponibilidad.

En cuanto a las desalinizadoras, el documento se compromete a la licitación del proyecto y obra de la ampliación de la de Tordera durante el primer semestre de 2023, así como la redacción del proyecto definitivo en el plazo de dos meses de la nueva prevista en la zona de Cubelles.