Profesores de Ciencia Política y economía sentencian que el procés ha muerto y que, por tanto, es la hora de abordar reformas que incluyan un nuevo sistema de financiación, una mejora de la definición de las competencias autonómicas y cambios en el Senado como cámara de representación territorial.
El documento Hagamos posible el camino de las reformas es fruto de un debate organizado por Portes Obertes del Catalanisme en el que participaron la profesora de Ciencia Política de la UV, Astrid Barrio; el catedrático de Ciencia Política de la UAB y expresidente de Federalistes d’Esquerres, Joan Botella, y el exconsejero de de Hacienda de la Generalitat valenciana y catedrático de Economía aplica de la UV, Vicent Soler.
"Dolor y heridas"
En el mismo, se analiza una etapa procesista que “ha causado dolor y heridas en el seno de la sociedad catalana” y cuyo balance “es del todo negativo” pues “no solo Cataluña no ha dado pasos adelante en relación al autogobierno”, sino que sus instituciones han perdido “liderazgo y prestigio en España y Europa”. También se denuncian retrocesos en “ámbitos tan diversos como las energías renovables, los servicios públicos, la lucha contra las desigualdades sociales o la modernización de las infraestructuras”.
Los expertos consideran que la estrategia de la desinflamación adoptada por el Gobierno de España “más allá de la polémica sobre los aspectos más técnicos de las reformas legales puestas en marcha y sobre la tramitación utilizada, marca un camino para intentar corregir la situación y volver al terreno de la negociación política cuestiones que no puedan ser tratadas solo desde la lógica judicial”.
Colaboración institucional
“Es indiscutible –añaden-- que el ambiente político se relaje. Hoy, sin embargo, la comunicación y la colaboración institucional entre el gobierno de España y la Generalitat es un hecho. Cómo lo es también el diálogo entre ERC y PSC-Units (y también ECP) en el Parlament. Es obvio que esto no es suficiente para abrir una etapa de acuerdos de más largo alcance, pero pone las condiciones para hacerlo viable”.
Los autores del documento creen que “el agotamiento del proyecto secesionista, la actitud del Gobierno de España y las disfunciones en la arquitectura institucional del Estado de las Autonomías permiten hablar de la necesidad de una agenda de reformas. Podemos hablar, en efecto, del fin del proceso para explicitar que el movimiento independentista no tiene hoy ni la capacidad movilizadora ni la capacidad aglutinadora con la que nació hace más de 10 años”.
Derrumbe de la DUI
En este sentido, añaden que “la inexistencia de una estrategia conjunta entre sus diversos sectores, el derrumbe del paradigma de la declaración unilateral de independencia, la pérdida de apoyo intergeneracional de esta causa y la rebaja evidente del nivel de tensión que se vive hoy en Cataluña, son argumentos que respaldan la tesis de que la vía a la
independencia tal y como se ha promovido hasta ahora se ha terminado”. Precisan, no obstante, que los pasos dados en favor de la normalización política de Cataluña “no quieren decir la desaparición del independentismo, sino la posibilidad de que la suya acción se encauce por vías democráticas”.
Puertas Abiertas del Catalanismo apuesta por una etapa de reformas que pasan por un sistema de financiación de las comunidades autónomas “que asegure la suficiencia por a la gestión de las competencias atribuidas, la corresponsabilidad fiscal (en ingresos y en gastos), la transparencia del sistema y la solidaridad”. También defienden la mejora de la definición de las competencias de las autonomías y las garantías para su ejercicio, “evitando una interpretación expansiva de las leyes de bases por parte de las Cortes Generales y reduciendo la conflictividad constitucional”.
Reforma del Senado
Asimismo, instan a la reforma del Senado, como cámara de representación territorial y instrumento esencial para la deliberación de las decisiones de Estado que también atañen a las comunidades.
Junto a estas reformas, en el documento se defiende la regulación de las instituciones de coordinación, como las conferencias sectoriales y la conferencia de presidentes, mejorar la vía de participación en la definición de la posición española en la política europea, en los ámbitos en los que las
comunidades autónomas tienen competencias; la mejora de los mecanismos de participación en el trabajo normativo o legislativo del Gobierno español, “el reconocimiento efectivo de la pluralidad lingüística y cultural de las diversas naciones y regiones que conforman España”, por lo que se puedan establecer políticas lingüísticas compartidas para el reconocimiento, defensa y promoción de las diversas lenguas oficiales del Estado.