Ya hay respuesta de la Consejería catalana de Salud sobre el caso ambulancias, una pieza separada del caso 3% que se instruye en la Audiencia Nacional con la sospecha de que hubo corrupción en el reparto de los contratos de transporte sanitario en Cataluña. Esa respuesta es el silencio. Ramon Canal, director del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), ha rechazado hoy comentar el caso pese a que el tribunal especial ha citado hace unas horas a los responsables de Ambulancias Egara, que es contratista del ente que él dirige
En un acto en Barcelona y a preguntas de Crónica Global, Canal ha asegurado que "hoy no tocaba" valorar los indicios de corrupción en las ambulancias pese a que el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado Central de Instrucción número 5, ha formalizado las imputaciones. El director del CatSalut ha avanzado que el ente "valorará cuando toque" el episodio, quizá "en un futuro".
Protesta contra Egara
El silencio de Ramon Canal lo ha replicado Jaume Estany, presidente del Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB) y vicepresidente y gerente del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en varias etapas. Abordado por este medio, Estany, que estaba en Emergencias --era el número dos-- cuando tuvieron lugar los presuntos capítulos de corrupción que Pedraz investiga, ha asegurado que "desconoce" la noticia.
Y eso que, como ha explicado Crónica Global, los trabajadores de Ambulancias Egara montarán un escrache el jueves ante la sede del CatSalut en Tarragona en protesta por el supuesto caso de corrupción y por, dicen, los incumplimientos que ha hecho la empresa del contrato que tiene con la Admnistración pública.
En la Audiencia Nacional en abril
Después de Semana Santa, será turno de explicarse de los siete investigados por la presunta mala praxis en las ambulancias de Cataluña. Lo harán los días 26 y 27 de abril, cuando darán cuenta ante el juez Pedraz de su versión de los hechos.
Son, en efecto, Fermí Ferran, accionista mayoritario y administrador de Egara; Álex García-Cascón, CEO, y Óscar Simón, gestor de la participación familiar. Asimismo, están citados en la Audiencia el empresario independentista David Madí; el constructor leridano Joan Albert Arqués y los responsables de RCM Asesores, a los que la policía atribuye ser la lavadora de dinero de CDC.
Expulsados de la patronal
En este escenario, mientras la Administración pública guarda silencio con el caso, el sector privado sí ha tomado cartas en el asunto. Todos los sindicatos con representación en Egara se concentrarán el jueves ante el CatSalut, mientras que la patronal de ambulancias, ACEA, ha vetado el acceso a la firma investigada, como avanzó este medio.
Las sospechas de presunta corrupción en la contratista pública se centran en la entrada de los hombres de David Madí en la firma antes del concurso de transporte sanitario de Cataluña de 2015. Ferran y sus adláteres compraron la firma, cree la policía, sabedores de que podían ganar lotes en la macroadjudicación de 2.000 millones de euros, lo que puede indicar que estuvo amañada de antemano, como han denunciado directivos del sector.