El 'exconseller' Argimon, investigado por el retraso en la vacunación de policías en Cataluña

Un juez ha acordado citar como investigado al exconseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, por su papel en la decisión de paralizar en 2021 la vacunación contra el coronavirus a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña, cuando era secretario de Salud Pública.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha decidido asimismo citar como imputado al entonces secretario general del departamento de Salud, Marc Ramentol, ante los indicios de que también participó en la decisión que retrasó el proceso de vacunación a los agentes de ambos cuerpos en Cataluña.

Según el juez, de las diligencias practicadas hasta el momento en esta causa se "desprenden indicios" de que Argimon y Ramentol, para cuyas declaraciones aún no se ha fijado fecha, "tuvieron participación" en la decisión de paralizar el proceso de vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña y con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.

Rechaza citar a Vergés como testigo

Por el contrario, el juez ha rechazado citar como testigo a Alba Vergés, la consellera de Salud en aquel momento, y ahora vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, al concluir que su declaración "no resulta necesaria" puesto que hasta el momento "no se le ha atribuido por nadie participación alguna en la toma de la decisión cuestionada".

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó en marzo de 2022 investigar a Vergés por el retraso en la vacunación de los agentes, al no apreciar ninguna "acción u omisión" que se le pudiera imputar directamente en este caso, aunque ordenó a la justicia ordinaria que identificara a los responsables, lo que propició que el juzgado 17 de Barcelona abriera este procedimiento.

En su escrito, el juez también descara citar como testigos a la Delegada del Gobierno de la época, a los jefes superiores de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, ya que no tenían "facultad decisoria ni ejecutiva" para paralizar la vacunación. En cambio, sí que ve "útil y pertinente" la testifical del teniente coronel de la Guardia Civil responsable de la vacunación en Cataluña y del coordinador del proceso en la Policía Nacional, "pues podrán dar información de cómo y a través de qué persona se recibió la comunicación de paralizar la vacunación a dicho colectivo".

Denuncias

El juez abrió la investigación por el retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña a raíz de una denuncia por los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores interpuesta por los sindicatos policiales Jupol y Jucil.

Hasta el momento, en este procedimiento ya han comparecido como investigados cuatro cargos de Salud de la época: la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, el director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella, la directora del Área de organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón, y el director de Servicios de Salud, Francesc Xavier Rodríguez.

En su declaración como investigados ante el juez, el pasado 22 de julio, los exaltos cargos alegaron que ninguno de ellos tenía competencia para decidir a qué grupo o colectivo se vacunaba en cada momento, ya que solo les correspondían labores ejecutivas, organizativas y logísticas.

La Generalitat pide que se archive la causa

Ante esta situación, los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña, al igual que la defensa de los cuatro investigados, han pedido al juez que archive la causa contra ellos, al considerar que no retrasaron "de manera intencionada" la vacunación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña y sostener que no fueron ellos los encargados de decidir suspender la vacunación de los funcionarios de las profesiones esenciales de entre 18 y 60 años.

En su denuncia, Jucil y Jupol sostenían que El Ejecutivo autonómico catalán retrasó la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña hasta que el TSJC dio un ultimátum a la Generalitat en abril de 2021.

En concreto, el TSJC ordenó el 27 de abril de 2021 a la Generalitat que "sin excusa alguna" garantizara "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación a los agentes, para que en diez días alcanzara la misma proporción que en los Mossos d'Esquadra, como finalmente acabó ocurriendo, al apreciar una "apariencia de discriminación".

Discriminación

Para el TSJC, eran "elocuentes" los datos aportados por la Generalitat, que detallaban que el 22 de abril estaban vacunados en Cataluña el 80,3 % de los efectivos de los Mossos, el 79,1 % de la Guardia Urbana de Barcelona y el 71,2 % de las policías locales, frente al 9,9 % de la Policía Nacional y el 6,3 % de la Guardia Civil.

La Generalitat acató la orden del TSJC y el 8 de mayo de 2021 ya había vacunado a más de 3.700 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, equiparando su situación a la de los Mossos d'Esquadra.

Según Jucil, Argimon, cuando era Secretario de Salud Pública, buscó el "enfrentamiento" entre colectivos de ciudadanos al asegurar que veía "ridículo" el criterio que había establecido el TSJC: "Cumpliremos, pero para ello retrasaremos la vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo", dijo.