Plataforma per la Llengua insiste en su acoso a los médicos: ahora, también contra una mutua

Plataforma per la Llengua prosigue su campaña de asedio contra el sector médico de Cataluña. Después de haber pedido sumarse al expediente sancionador de la Generalitat contra una enfermera andaluza por haber criticado la obligación de tener el nivel C1 de catalán para tener plaza fija en la autonomía, la entidad ultranacionalista subvencionada por el propio Govern arremete ahora contra un doctor y el director de una mutua sanitaria por no haber atendido en dicho idioma a un paciente.

En concreto, los espías del catalán acusan a un médico de la mutua Fraternidad-Muprespa de Tarragona de haber "exigido" a su paciente que "le hablara en castellano si quería recibir atención médica". Una denuncia que hacen extensiva al director de la misma, del cual dicen que le "presionó" para que "accediera a la petición del médico" cuando acudió a quejarse porque le pidió hablar en español.

Uso de una enfermera como intérprete

Según la versión de Plataforma per la Llengua --que ha difundido públicamente los supuestos audios de los hechos, grabados por el propio paciente--, la "firmeza" de éste "defendiendo durante 20 minutos su derecho para ser atendido en catalán" ante el director de la mutua acabó logrando que hiciera "entrar a una enfermera en la consulta como intérprete para el facultativo" y que finalmente el médico le "entienda en catalán".

Según la entidad ultranacionalista "el paciente estaba de baja a raíz de un accidente de tráfico" y había sido atendido otras veces en castellano por el mismo médico, sin que hasta entonces surgieran problemas idiomáticos entre ambos, pese a que el afectado le hablaba en catalán.

Delaciones subvencionadas por la Generalitat

Cabe destacar que Plataforma per la Llengua es una entidad generosamente subvencionada por el Govern catalán, que en sus Presupuestos de 2023 le dedica 516.000 euros. A pesar de sus actividades de acoso y delación lingüísticos, sólo en el último lustro, la Generalitat le ha concedido tres millones de euros.

La actividad de Plataforma per la Llengua abarca un sinfín de ámbitos: desde alentar y recoger quejas contra empresas y trabajadores, tanto del sector público como del privado, que no utilizan este idioma --célebres fueron sus lamentos por la contratación de enfermeras andaluzas en Cataluña en plena crisis sanitaria del Covid--, hasta tratar de imponer que los niños se comuniquen catalán en los patios de las escuelas.

En su memoria de 2021, la autodenominada “ONG del catalán” evidencia que su radio de acción va más allá de Cataluña, pues alcanza a otros territorios. Su pancatalanismo le lleva a alardear de hechos como que Mahón “haya abandonado su topónimo castellanizado”; de los trámites de modificación de las leyes de consumo de las comunidades de Valencia y Baleares --donde también fomenta campañas de “normalización lingüística” mediante “denuncias” ciudadanas--, o el envío de cartas a diputados de la Asamblea Francesa para que “protejan” otras lenguas en su territorio.

Defensa de la inmersión monolingüe en catalán

Una de las grandes fijaciones de esta entidad ultranacionalista es el ámbito educativo, donde desde la plataforma Som Escola lucha contra lo que llama “ataques el modelo de inmersión lingüística” monolingüe obligatoria en catalán, en alusión a las sentencias judiciales firmes que instan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en Cataluña.

La influencia de Plataforma per la Llengua en la enseñanza de esta autonomía bilingüe llega al punto de poner en marcha campañas --en plena sintonía con la Generalitat-- para “defender” lo que llama “modelo de escuela catalana y concienciar a los diferentes agentes de la comunidad educativa en su papel de referentes lingüísticos” (sic). Una actividad que lleva a cabo, con la complicidad de la Consejería de Educación, junto a los sindicatos secesionistas USTEC, SEPC e Intersindical. Según sus cifras, en 2021 obtuvieron “30.000 adhesiones” al mismo.

En la misma línea, la autodenominada “ONG del catalán” reparte “material didáctico” al profesorado de secundaria y bachillerato para que sigan sus dictados.