El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado una investigación para determinar si la empresa Ambulancias Egara, con sede en Terrassa (Barcelona), recibió comisiones ilegales de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Aunque la totalidad de los registros se ha producido en Cataluña, la instrucción ha recalado en Madrid y no en la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona por tratarse de una pieza separada del caso 3%, que ya se investigaba en la capital.
El Juzgado Central de Instrucción número 5, el mismo que asumió la investigación del 3% sobre financiación irregular de CDC, indaga ahora si la ya desaparecida formación política, renombrada como Junts, manipuló el macroconcurso sanitario en 2015 para su propio beneficio. La investigación, una suerte de 3% sanitario, pende de la macrocausa que recayó en la Audiencia Nacional en 2018, puesto que se trataba de una manipulación de la contratación pública a gran escala con la participación del gobierno de Convergència, de instituciones públicas y de empresarios que, por su envergadura, se considera que tiene un impacto nacional.
¿Qué asume la Audiencia Nacional?
Cabe recordar que este órgano jurisdiccional solo se encarga de los delitos de mayor gravedad y relevancia social, como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Pero también de aquellos delitos económicos que se entienda que puedan acarrear un grave perjuicio para la economía nacional.
Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional /EP
En concreto, una de sus funciones es la de perseguir aquellos delitos de “defraudación y maquinación para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir una grave repercusión para la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”. En este caso, la investigación --sobre la que pesa el secreto de las actuaciones-- se encuentra en uno de los juzgados de instrucción de la capital.
El origen: el '3%'
El caso 3% se destapó en 2005 a raíz de unas declaraciones del que era en aquel entonces president de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, que en sede parlamentaria denunció que Convergència i Unió tenía “un problema que se llama 3%”. Aunque Maragall se retractó de sus palabras, sembró la duda y la justicia inició una investigación sobre la financiación del partido. Desde entonces, ha derivado en varias causas relacionadas, entre ella la pieza separada Triacom.
Ahora, la operación efectuada en Barcelona, con la participación de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil, tiene como objetivo determinar si la corruptela de CDC para financiar ilegalmente el partido infectó también el ámbito sanitario. Inicialmente la macrocausa investigada en Madrid se centró en el cobro de comisiones de los presupuestos adjudicados por el Govern de CDC relacionados con obras públicas en los que se quedaban con una mordida del 3%. El caso llegó en 2018 a la Audiencia Nacional y, desde entonces, el fiscal José Grinda se ha afanado en desenmarañar esta organización criminal.
Los negocios de Madí
El mismo fiscal que se ha trasladado el jueves hasta la sede de Ambulancias Egara para seguir de cerca los registros con los que ahora pretenden conocer si se produjeron irregularidades en la adjudicación de tres de los nueve lotes por valor de 1.000 millones de euros tras la entrada en el accionariado de Ambulancias Egara de los hombres de confianza de David Madí, exdirigente de CDC; Fermí Ferran, ex jefe de seguridad de la multinacional de juego Cirsa, y Álex García-Cascón, también ex del grupo de casinos y ex jefe de seguridad del FC Barcelona.
David Madí, durante una detención por una causa anterior / EP
Cabe recordar que David Madí, cercano al expresidente de la Generalitat Artur Mas, fue condenado a 14 meses de prisión en otra de las piezas separadas del caso 3%, el bautizado como caso Triacom, por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. En ese caso quedó probado que una red de empresas vinculadas a TV3 --entre las que figuran dos de Madí-- emitieron facturas falsas por servicios no realizados para defraudar al fisco.