El presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (Asersa) y catedrático de Ingeniería Ambiental de la UPC, Rafael Mujeriego, ha criticado que el Plan de Sequía de la Agència Catalana del Agua (ACA) de la Generalitat de Cataluña por estar “desactualizado desde hace una década”.

El catedrático también reprocha al Govern catalán haber seguido la normativa vigente sin prever que ya estaba “desactualizada” y "no responde a los tiempos actuales".

Cambio climático

El presidente de Asersa alerta de que, si se siguen tomando las mismas medidas que ya se adoptaron en el pasado, se obtendrán los mismos resultados. En su opinión, la normativa catalana tendría que incorporar la nueva realidad climatológica. “Ante esta irregularidad climatológica tendremos que aplicar otras formas de hacer” afirma. Y es que, a su juicio, “hay que entender que ya estamos en medio del escenario del cambio climático” y que, en consecuencia, hay que adaptarse y combatir una “mayor irregularidad”.

En este sentido, Mujeriego considera que, para impulsar la regularidad hídrica, se tiene que conseguir una regulación de recursos, almacenando en momentos de abundancia para poder disponer en momentos de escasez.

Falta de regeneración y concienciación

Por lo que respecta a los recursos de desalinización y regeneración del agua, el presidente de Asersa cree que la Administración tiene que ser más autosuficiente y apostar por la regeneración del agua, dado que la desalinización es más costosa económicamente. “Si somos capaces de resolver problemas técnicos y administrativos, esa solución es mucho más económica”, dice.

Sobre la concienciación de la población, Rafael Mujeriego cree que no es tan elevada como la que había en el pasado periodo de sequía en Cataluña del 2008. A su modo de ver, “a diferencia del 2009, que se hizo una campaña muy fuerte, ahora no se ha hecho en tanta medida ese proceso de concienciación a la población”.

El catedrático de la UPC considera que en las administraciones han podido ser “conservadoras” a la hora de tomar decisiones. Por ello, defiende que la ACA mire hacia el futuro y que las administraciones más “visionarias”. “Hay que acelerar estos procesos de actualización y de toma de decisiones con una visión mucho más amplia y de forma más rápida para poder adaptarnos de la forma más favorable posible”.

Restricciones

La alerta de Rafael Mujeriego contrasta con las recientes declaraciones que ha hecho esta mañana la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, quien ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que “no tendría que caer ni una gota” de agua en un año para introducir restricciones “más severas”. Y eso que la dirigente del Govern catalán reconoce que la sequía actual es una situación “sin precedentes”.

La consellera ha recordado que en Cataluña hace 29 meses que no llueve como tendría que hacerlo. Hay que remontarse al 1905 para encontrar estos registros “tan desastrosos”, ha recalcado Jordà, que ha explicado que de los 67 municipios de más de 20.000 habitantes, solo 26 tienen en regla el plan de emergencia por sequía.

La responsable de la cartera de Acción Climática ha detallado que de los 67 grandes municipios del territorio, 14 no han presentado el plan de emergencia, 13 lo tienen desfavorable y 14 más lo están tramitando. La responsable de la Generalitat ha advertido de que esto se podría sancionar, así como el hecho que los municipios no aporten los datos de consumos o que se hagan consumos más elevados de los que se han marcado ahora con la fase de emergencia, fijados en un tope de 230 litros por persona y día.

Teresa Jordà ha descrito que esta situación de sequía es ya “la nueva normalidad” y habrá que aprender a vivir así, apuntando a la posibilidad de que todavía hay margen para aumentar el agua regenerada y la que procede de las desalinizadoras.

Emergencia

En caso de empeorar la situación de sequía, la ACA podría declarar la fase de emergencia, la más extrema de todas. Este escenario prevé un encarecemiento del precio de cada metro cúbico de agua que se consuma de más, hasta alcanzar los 0,60 euros, estableciendo una dotación máxima de 200 litros por habitante y día, que puede bajar hasta los 160 en caso de emergencia extrema.

La agricultura será el sector más afectado con este escenario, puesto que se suprimiría el riego agrícola y solo estarán autorizados a mantener en supervivencia los cultivos leñosos. Los usuarios industriales verían una reducción del 25% de los consumos de agua.