La presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, ha negado cualquier tipo de irregularidad cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a su amigo Isaías Herrero con la adjudicación de contratos. En su declaración, la presidenta suspendida del Parlament de Cataluña ha echado balones fuera y se ha escudado en la experiencia en contratación pública del equipo de funcionarios que la rodeaba.

1. Descarga la responsabilidad en Pagespetit 

Laura Borràs ha recordado que el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, le encomendó la tarea de transformar la ILC mediante la creación de un portal web de referencia para la literatura catalana en una época marcada por los recortes económicos. Por eso, tras consultarlo con él, descartaron la opción de que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la propia Generalitat asumiera el desarrollo de la web y optaron por una vía más rápida y más económica: su amigo Isaías Herrero, que además de informático era creador digital.

Según su testimonio, como ella no tenía experiencia en contratación pública, lo dejó en manos de Assumpta Pagespetit, la jefa de administración de la ILC, que se encargó de elaborar personalmente los expedientes de forma “minuciosa y exigente”. “Yo solo seguí sus instrucciones”, aseguró a la Sala, frente a la que añadió que “un expediente que recae en sus manos es un expediente de diez”. Borràs ha defendido que “nunca se vulneró la ley de contratos menores”, pero que, en cualquier caso, “si no hubiese querido hacerlo, no lo habría hecho”.

2. Los interventores no la alertaron

En contraposición a lo declarado por Assumpta Pagespetit en el juicio, que aseguró que en una reunión con una interventora del Departamento de Cultura esta técnico advirtió de irregularidades en los contratos de la ILC, Borràs sostiene que cuando comunicó que optaría por contratos menores en vez de encomendar el desarrollo del proyecto al CTTI “el interventor dio su OK”.

Solo en una ocasión, ha reconocido, hubo un informe en el que se reflejaban deficiencias "leves" por parte de la Consejería de Cultura de la Generalitat, pero que tras formular las pertinentes alegaciones, estas fueron "aceptadas". Además, ha insistido en que la institución estaba sujeta al férreo control de los interventores, que no pagaban ninguna factura que no respondiese a los criterios legales y que revisaban que los expedientes fuesen correctos antes de efectuar los pagos. “Me sentía muy segura, más aún porque había un control extra: no una fiscalización posterior, sino una autorización de pago. Nadie me avisó de nada porque no había nada de lo que avisar”, ha insistido.

3. Niega el fraccionamiento de los contratos

Si bien la presidenta de Junts ha reconocido que se gestionaron 18 contratos menores, ha puntualizado que cada contrato “tenía un objeto diferente”, por lo que nunca se vulneró la ley. "Los dominios propios ya indican que los contratos no estaban fraccionados", ha insistido Borràs. Un extremo que, según ella, podría demostrarse de no haber desaparecido el portal web que Herrero desarrolló.

Además, ha asegurado que “nunca” elaboró ningún presupuesto ni factura, pero que se vio obligada a hacer de intermediaria entre Herrero y Pagespetit por su falta de entendimiento. Según su relato, la jefa de administración era muy “minuciosa” en su trabajo, lo que sacaba de sus casillas a Herrero, por eso intercedió entre ambos y se comunicó con él vía e-mail para explicarle cómo debía gestionar los presupuestos. Sobre las indicaciones que dio al informático, ha asegurado que Pagespetit no solo no frenó ninguno de los contratos, sino que además fue ella quien le dijo que podía facturar a través de cooperativas.

4. Los contratos menores eran habituales en la ILC

Laura Borràs ha asegurado que todo lo que se hizo mientras dirigía la ILC “se podía hacer” y ha insistido en que la institución solo operaba mediante contratos menores, "entre 800 y 850 al año", pero que respondía a los objetivos de la institución. “Yo hice 18 en cinco años”, ha matizado, restándole importancia al asunto.

La presidenta suspendida del Parlament ha negado “un contrato encubierto” para adjudicar a dedo al que era su amigo más de 300.000 euros sin tener que sacarlo a concurso público. Sobre los motivos por los que lo eligió a él, Borràs ha expresado que, aunque ahora se presenta como un mero informático, Herrero era un “artista digital” con varios premios a sus espaldas y que formaba parte del grupo de investigación Hermeneia, lo que lo convertía en la única persona, a su parecer, cualificada para desarrollar con éxito el proyecto. “Si esto fuese Australia o Estados Unidos habría pensado en otros autores, pero es evidente que estamos en Cataluña y que la figura que reunía los requisitos era Isaías Herrero”, ha añadido.

5. La drogadicción de Herrero para minar su credibilidad

La presidenta suspendida del Parlament ha expresado que entre 2013 y 2016 la colaboración con Herrero fue fluida y que este desempeñó la labor encomendada de forma diligente, hasta que a finales de 2016 comenzó a retrasarse en las entregas y, finalmente, en 2017 desapareció. Borràs ha leído algunos mensaje de Whatsapp que se intercambió con él en aquella época, en los que Herrero le trasladó que había sido diagnosticado de “esquizofrenia y bipolaridad”.

Sin embargo, ha expresado Borràs, con el paso del tiempo se dio cuenta de que su problema no era mental, sino de una adicción a las drogas de la que se estaba tratando con metadona. “Ahora veo que me mentía en muchas cosas”, ha dicho del que fue su amigo con la intención de echar por tierra su credibilidad, como ya intentó en sesiones previas su abogada Isabel Elbal.