El Gremio de Garajes mantiene su batalla judicial contra la normativa de Colau

Fuentes jurídicas de la entidad han señalado que, si esta vía no prospera, se plantean presentar otro recurso de nulidad contra la normativa.

Reforma normativa

La petición de aclaración, que se interpuso el pasado 13 de febrero, pretende dar la vuelta al revés judicial que ha encajado la asociación por parte del alto tribunal. El Supremo avaló a principios de este mes una serie de modificaciones introducidas en 2018 en el Plan General Metropolitano (PGM) y aprobado por la Subcomisión de Urbanismo del municipio, dependiente de la Generalitat de Cataluña.

Entre otras cuestiones, el nuevo plan preveía "denegar la instalación de aparcamientos o garajes en aquellas fincas que estén situadas en vías que, por su tráfico o características urbanísticas singulares, así lo aconsejen, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas".

Primera sentencia del TSJC

En este conflicto, una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a los empresarios en base a un defecto de forma. La entidad argumentó que, durante la elaboración de la norma, se obvió el trámite de participación ciudadana, un requisito obligatorio previsto en el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. 

Debido a la ausencia de consulta pública, la segunda instancia autonómica dio la razón a los privados. Por otro lado, el gremio también afeó en su recurso ante el TSJC una serie de indefiniciones en el articulado que ponían en riesgo la explotación comercial de los aparcamientos existentes, así como la instalación de nuevos parkings.

A vueltas sobre un trámite

Los magistrados también manifiestaron su acuerdo en este punto y señalaron que se había atentado contra "el principio de seguridad jurídica". Hay que recordar que la reforma del PGM se enmarcó en el proyecto de remodelación urbana basado en un modelo de superilles con menos tráfico de coches.

A principios de febrero, el Supremo enmendó la resolución del TSJC, alegando que el PGM era una ley urbanística de rango autonómico que cuenta con reglas específicas de tramitación y que, por tanto, el requisito de participación ciudadana no era indispensable. Con su solicitud de aclaración, el gremio prosigue su pugna judicial con el ayuntamiento.