Una chapuza del Ayuntamiento de Barcelona deja sin seguridad a las viviendas sociales

La licitación por 430.647,66 euros para la protección de las viviendas, locales y zonas comunes de los edificios adscritos al Instituto Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha quedado “desierta”. El motivo, denuncian desde el sindicato ADN Sindical, es una “mala praxis” por parte del Ayuntamiento de Barcelona, “que no se ha dejado asesorar por los expertos en seguridad”, añade su portavoz, Sergio Sánchez.

El hecho de que la licitación haya quedado desierta responde a que las empresas de seguridad “no pueden desempeñar parte de los servicios” que desde el consistorio requieren en una larga lista. En concreto, aclara Sánchez, no pueden ocuparse de la instalación de puertas de seguridad con paño electrónico ni tampoco de rejas y plafones metálicos para blindar las fachadas. Tampoco se ocupan de labores de cerrajería especializada en apertura de puertas, reparaciones de carpintería y pintura, de realizar gestiones vía plataforma web para controlar los accesos y de la elaboración de informes de seguridad y control.

Anulación de la licitación para la protección de edificios gestionados por el Institut Municipal d'Habitatge / AJUNTAMENT BARCELONA

La solución: varios lotes

Desde ADN sindical se han puesto a disposición del Ayuntamiento de Barcelona para asesorarles sobre las funciones que sí pueden realizar las empresas de seguridad, puesto que el consistorio “ha mezclado muchos servicios, y algunos de ellos pueden incluso rozar la ilegalidad”. Por eso, explican, tendrían que dividirlos en varios lotes. Un ofrecimiento para el que no han obtenido, por el momento, ninguna respuesta.

“Ninguna empresa lo puede hacer, lo que supone un perjuicio no solo para las compañías”, que han perdido la oportunidad de optar a un contrato de un año de más de 400.000 euros –prorrogable a cinco-- “sino para los ciudadanos”, dado que al quedar desierta la licitación, la partida para cubrir las necesidades de seguridad y evitar las okupaciones de las más de 14.000 viviendas sociales que gestiona el Institut desaparece.