Puigdemont acusa a Llarena de "ignorar" la reforma penal y pide anular su orden de captura

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, ha pedido al juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que anule la orden de captura que dictó en su contra por los presuntos delitos de desobediencia y malversación, acusándole además de "ignorar" las rebajas en el Código Penal impulsadas por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que entró en vigor el pasado 12 de enero. Asimismo, alega que su inmunidad como eurodiputado de Junts anula todas las decisiones del magistrado dictadas desde que adquirió esta condición en 2019.

La defensa a cargo de su letrado Gonzalo Boye reclama en su escrito que, en caso de que no se estime su recurso, se remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una batería de cuestiones prejudiciales. Entre otras, insta a que se pregunte si el Supremo es el órgano competente para llevar una causa contra un europarlamentario, como es el caso de Puigdemont, aduciendo que tiene inmunidad gracias a ese cargo.

El líder secesionista responde así a Llarena, que se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás líderes del procés para ajustarse a las rebajas penales del Gobierno. El magistrado cambió el ahora derogado delito de sedición por el de desobediencia, descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, y mantuvo la malversación agravada, desechando las nuevas versiones atenuadas.

Niega los delitos

En su recurso, Puigdemont dice ser víctima de un procedimiento ad hoc movido por un supuesto ánimo persecutorio de Llarena. Su defensa sostiene que "ni había cometido un delito de sedición ni ha cometido uno de malversación".

A su modo de ver, aunque reforma penal que elimina la sedición y modifica la malversación "pudo tener un mayor calado democrático", "el problema son los hechos, que no tienen encaje en el ordenamiento penal de ningún Estado democrático de nuestro entorno", según Boye.

La defensa del prófugo concluye que "ni antes de la reforma ni después de esta podía ni puede ser acusado del delito de sedición, mucho menos del de rebelión, ni del de desórdenes públicos del apellido que se le quiera poner porque en ningún sistema democrático los hechos de octubre de 2017 son incardinables en ningún tipo delictivo", en alusión al referéndum ilegal de secesión del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña en el Parlament.

Pide a Llarena que se aparte

En su recurso, Puigdemont vuelve a rechazar la competencia del Supremo para perseguirle penalmente insistiendo en que ahora es eurodiputado, y que "ningún precepto legal dispone que los diputados al Parlamento Europeo sean aforados ni ante el Tribunal Supremo ni ante ningún otro órgano jurisdiccional".

El fugado insta a Llarena a apartarse del caso y a anular todas las decisiones adoptadas desde que Puigdemont es eurodiputado, incluido el auto por el que se le procesa por desobediencia y malversación agravada, así como remitir la causa a un juzgado de instrucción de Barcelona.

Por último, incide en que si Llarena no se aparta ni anula el auto debe plantear al TJUE las cuestiones prejudiciales sobre la competencia del Supremo. Para ello, cita al presidente de la Sala de lo Penal de dicho tribunal, Manuel Marchena, reproduciendo un epígrafe en el que manifestó que la cuestión de los aforamientos de los eurodiputados es "un asunto sobre el que tantas dudas convergen".

Ve vulneración de derechos

Puigdemont, asimismo, "se reserva el derecho a, llegado el momento oportuno", llevar su caso ante el propio Parlamento Europeo, que "tendrá que pronunciarse al respecto", y "su decisión será a su vez, naturalmente, revisable por el órgano competente del TJUE, con las consecuencias que ello tendría para la perjudicada credibilidad de la Justicia y de este procedimiento en particular".

El líder secesionista, procesado en rebeldía, considera también que se ha vulnerado su derecho fundamental a no ser castigado dos veces por el mismo hecho. Para el dirigente existen en el Supremo y en el Tribunal de Cuentas dos procedimientos "paralelos" que "surgen a partir de unos mismos hechos" y "ambos sustentando en el ámbito de reprimir al independentismo catalán".