El gobierno municipal de Barcelona, que comanda la alcaldesa Ada Colau, ha sancionado a cero empresas que operan con paraísos fiscales pese a que prometió que lo haría. El Ejecutivo local continúa contratando con compañías con estructuras offshore aunque hace seis años que se comprometió a no hacerlo. 

Es lo que trasciende de una respuesta municipal a una pregunta entrada por ERC, que pedía conocer cuántas empresas habían sido sancionadas por el Ayuntamiento de Barcelona con arreglo a la instrucción de contratación que prohibía contratar con este tipo de sociedades. La respuesta del gobierno local es clara. cero firmas. 

ERC: "Fracaso"

A la luz de estos datos, los independentistas tildan de "fracaso" las promesas del Ejecutivo local en esta materia. Jordi Castellana, edil de ERC, ha planteado que se impone una mayor actuación inspectora para no tener que "fiarse de las empresas". 

Castellana ha apremiado a analizar si los contratistas de la Administración local tienen vínculos con enclaves offshore "para que el ayuntamiento, con sus recursos, las acabe financiando". 

Mediapro y DomusVi

Sea como fuere, lo factual es que el la estructura municipal sí ha contratado con empresas con ramificaciones o actividad en paraísos de baja tributación. Ha ocurrido con Servisar, filial de DomusVi, cuya cabecera está situada en la isla de Jérsey. Actualmente tiene el 50% del servicio de atención domiciliaria (SAD) del Ayuntamiento de Barcelona, como avanzó este medio. 

También ha pasado con Mediapro, que admitió pagar un soborno vía Panamá, considerado paraíso fiscal por las institucions comunitarias. Una empresa del grupo audiovisual construirá vivienda social por delegación del Ayuntamiento en el pisos en el 22@ y sobre el antiguo Gimnasio Sant Pau. 

Decreto de alcaldía

Cabe recordar que el gobierno municipal adoptó un decreto de alcaldía en 2016 en el que comprometía a la Administración local a no tener relaciones jurídicas con empresas que operaran en o con paraísos fiscales. 

No se ha cumplido, y el bipartito ha justificado contratar a compañías como Servisar con el argumento de que Jérsey no es un paraíso fiscal.