El PSC sigue firme en el “todo o nada” de su propuesta para los presupuestos de la Generalitat de 2023. Pero ERC insiste en aplazar la discusión sobre cuatro temas clave para los socialistas: la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, hacer el Centro Recreativo y Turístico de Vila-Seca y Salou (Hard Rock) y la B-40 (Cuarto Cinturón). A estos tres proyectos, que el partido de Salvador Illa considera fundamentales para generar prosperidad, se añade la cuestión del traspaso de Renfe, del que el Govern ha hecho casus belli.

Bajo estas premisas se celebró ayer lunes una nueva reunión de los equipos negociadores, que han constatado amplios acuerdos en el resto de medidas presentadas por el PSC [se pueden leer en este enlace] referentes a sanidad, educación, servicios sociales, gestión del agua y transparencia.  

El aval de Moncloa

Fuentes socialistas aseguran a Crónica Global que la firmeza respecto a esos cuatro puntos es “total”: cuenta con el apoyo de los alcaldes y cargos territoriales y es conocida en Moncloa. Dicho de otra manera, a pesar de que el apoyo de ERC es determinante para dar estabilidad al Gobierno español, Illa cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez para mantener un pulso que ha hecho aflorar la división interna en ERC.

Mientras Pere Aragonès quiere cerrar un acuerdo con el PSC, Oriol Junqueras se resiste y ha puesto trabas desde que, en agosto de 2022, Illa tendió la mano al presidente catalán para aprobar unas nuevas cuentas, necesarias para afrontar la recesión económica derivada de la guerra en Ucrania. Aragonès pretende hacer extensiva su estrategia de diálogo también a unos presupuestos cuya prórroga supondría la pérdida de unos 3.100 millones de euros, imprescindibles para dar respuesta, entre otras, a las reivindicaciones de los sectores sanitario y educativo, que ya han anunciado que irán a la huelga este mes de enero. Un diálogo que, a juicio de PSC, permitirá pasar página a diez años de procesismo estéril.

El presidente de la Generalitat Pere Aragonès (ERC) conversa con el líder de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet / EFE

Sin embargo, el hecho de haber dado prioridad a un acuerdo con los comunes, obviando la postura de patronales y sindicatos, es un gesto que ha cargado de razones a Illa, sabedor de que su apoyo es imprescindible. Su grupo parlamentario es decisivo desde el punto de vista aritmético, mientras se hace impensable una mayoría de la que formen parte a la vez Junts per Catalunya (JxCat) y En Comú Podem, muy alejados ideológicamente. Especialmente en materia de fiscalidad. Un tema que no protagoniza las reuniones entre PSC y ERC, a pesar de que los socialistas no son partidarios de elevar los impuestos, como sí contempla el acuerdo de Aragonès y Jéssica Albiach.

Rodalies

ERC quiere embarcar a sus antiguos socios de Govern en esa ecuación. De hecho, los tres proyectos que exige el PSC cuentan con el visto bueno de Junts. No así la cuestión de Renfe, en la que ERC y los neoconvergentes marcan perfil identitario: quieren el traspaso completo, mientras que los socialistas ofrecen firmar, “en el plazo de dos meses”, el contrato-programa para hacer efectivo el Plan Transformem Rodalies, e incorporar las partidas correspondientes en el presupuesto de 2023.

“Son grandes oportunidades para Cataluña que no se pueden posponer”, indican las citadas fuentes socialistas.

Por su parte, el Govern insiste en que el pacto es posible en los próximos días. De hecho, la semana pasada ya daba por cerrado un preacuerdo al constatar que había coincidencias en un 85% del documento presentado por Illa.

No es ajeno a ese tira y afloja la sospecha, por parte de los socialistas, de que ERC pretende presentarles como los causantes del fracaso de las negociaciones. “ERC no es de fiar”, insisten desde la sede de Pallars.