Govern y PSC ultiman el acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2023. Mientras el ejecutivo catalán da por hecho un preacuerdo, los socialistas catalanes se muestran más prudentes, aunque también optimistas ante un posible pacto la semana que viene.
En los últimos días se ha intensificado el pulso de los socialistas respecto al presidente Pere Aragonès, al quien en vista del bloqueo, han lanzado un ultimátum mediante la propuesta de una serie de medidas que incluyen el desbloqueo de proyectos como la ampliación del aeropuerto, Hard Rock y el Cuarto Cinturón, así como iniciativas relacionadas con la sanidad, la educación, los servicios públicos y el agua.
El PSC, hoy lo ha vuelto a repetir la portavoz del partido, Alícia Romero, no se siente vinculado al pacto que, semanas atrás, cerró Aragonès y En Comú Podem, insuficiente porque no tienen la mayoría necesaria para que las cuentas sean aprobadas en el Parlament.
La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, dice que su partido no hará "nada" si ERC no acepta la B-40 / EUROPA PRESS
Los socialistas discrepan del aumento de los impuestos que republicanos y comunes acordaron, como tampoco en el rechazo a los proyectos empresariales que incluyen en su documento. Fuentes del Govern, no obstante, han asegurado que la fase de las negociaciones entran ya en la fase de preacuerdo, no así el PSC, que advierte de que quedan asuntos importantes pendientes de resolver. El ejecutivo asegura incluso ha cuantificado el pacto en 5.386 millones y que cubriría el 87% de los puntos de la propuesta socialista [se puede leer en este enlace].
"Los dos tenemos ganas de tener Presupuestos para 2023", ha dicho Romero, quien lidera las negociaciones, tras valorar la "actitud positiva" de ERC en la negociación y preconizar que, la semana próxima, se podrían cerrar esos flecos. Hasta ahora, los equipos negociadores han mantenido 15 reuniones, la última hoy mismo.
Deconstrucción del aparato convergente
El documento del PSC incluye un apartado dedicado a la racionalización de la Administración catalana que supone una auténtica deconstrucción del faraónico aparato administrativo y mediático creado por los convergentes, haciendo extensiva la presión a Aragonès a sus antiguos socios de Junts per Catalunya.
El PSC quiere reducir el número de delegaciones territoriales, así como evitar la apertura de nuevas “embajadas” en el exterior en 2023. Asimismo, propone que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) dependa del Parlament y que la Agencia Catalana de Noticias (ACN) formen parte de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), no de la Consejería de Presidencia.
Fiscalizar el gasto en publicidad institucional y en subvenciones a medios de comunicación, como pretenden los socialistas, echa por tierra años de servidumbre mediática.